Siempre se ha venido hablando de unos ciudadanos de primera categoría y otros de inferiores categorías. Hoy, con el auge dado a eso del progreso, aunque este sea claramente un producto comercial, parecería una cuestión superada a tenor del derecho a la igualdad. Sin embargo, las cosas no han cambiado demasiado, pese a decir que aquí se vive en una sociedad avanzada —sin perder de vista su condición de colonia euroamericana—. Para tratar de salvar su prestigio se habla de Estado de Derecho, conducido por una constitución situada en el vértice de la pirámide del ordenamiento jurídico, que funciona al ritmo que marca la burocracia. La seguridad jurídica y el imperio de la ley están servidos, pero son inevitables esas fisuras de hecho y de derecho que ralentizan la aplicación de la ley o se llega a la inaplicación, aunque en esos casos se ponga de relieve que la seguridad jurídica camina dando tumbos.

Siguiendo consignas de más allá de las fronteras, determinadas empresas pasan a ser intocables, porque generan grandes beneficios y son soporte del sistema capitalista. Para que todo no sea abiertamente cosa de dinero y conectar con la sociedad, pero poniendo la vista en sus efectos sobre el mercado, se ha establecido también una protección especial para determinados grupos. Mientras, el ciudadano de pie, sin compromisos grupales para la defensa de sus derechos ni privilegio alguno, debe conformarse con ese sistema jurídico afectado de tales fisuras. Si sus derechos son vulnerados por otro ciudadano de la misma naturaleza, el sistema jurídico le ampara sin discusión, salvo que la burocracia se vaya por las ramas, con ocurrencias basadas, más que en la legalidad, en el sentido de progreso particularmente entendido. En cuanto a que sus derechos se vean conculcados por esos otros privilegiados, empresas o grupos, la cosa ya no es tan sencilla.

Es obvio que hay una constitución con su repertorio de derechos aplicables a todos sin distinción, pero también que la burocracia deja en el aire cuanto choca con los intereses del poder y de sus protegidos. No es infrecuente encontrar situaciones que lo corroboran, colocando de hecho, por ejemplo, a las empresas a un nivel superior a cualquier ciudadano. A algunas, solamente se las llama al orden cuando contravienen, no tanto la ley, como al poder, pero se obvian sus abusos frente al ciudadano común, pese a que existan leyes para protegerlo formalmente, aunque no realmente. Pongamos el caso de una entidad bancaria, que más allá de los términos del negocio —repleto de privilegios comerciales estatales que salen a la luz cada día y la burocracia contempla con pasividad—, puede pasar por alto disposiciones legales del más alto nivel cuando no cuestiona los designios de la autoridad burocrática.

Esta es la actuación concreta de un banco que, pese a ser claramente discriminatoria, se atreve sin el menor pudor a negar la apertura de una cuenta bancaria a una persona por una circunstancia personal natural, se trata de que simplemente supera una determinada edad, fijada por la entidad ojo e buen cubero. Esto, si se quiere razonar, es clara discriminación hacia ella y evidente vulneración de la ley de leyes. Mas el asunto no queda solamente en eso, sino que la burocracia, tomando conocimiento del hecho, se inhibe, y aquí no ha pasado nada. En este caso ya no sirven las falacias que se vienen utilizando en esos casos que se deniega abrir cuentas bancarias a migrantes o a quienes no disponen de ingresos, sino que se trata de una mujer nativa del país y con suficientes medios económicos. Este hecho, que no debiera tener acogida en las habituales prácticas bancarias, es a todas luces ilegal, pero no se quieren ver las luces. Habría que añadir, que el tema dice poco de un país que presume de progresista, porque viene a recordar tiempos pasados, en los que las mujeres no podían abrir libremente cuentas bancarias, exigiéndose la autorización prevista en el marco de la sociedad patriarcal. Lamentable el hecho y, más aún, que se trate de echar tierra al asunto por quienes debieran tomar medidas.

Evidentemente, en semejante situación, quedaría la opción de acudir a los tribunales. Mas el sentido común dice que es tiempo y dinero perdido —dado que resulta no ser asunto mediático ni motivo para dar protagonismo—, ya que si con el paso de los años se resuelve favorablemente, lo que es improbable visto el panorama, llegaría tarde para remediar la injusticia. Lo pragmático es pasar página y a otra cosa, como puede ser, contemplar cómo se da publicidad a temas que no pasan de ser minucias mediáticas de temporada para entretener al personal, mientras otros asuntos quedan en penumbra.