Mujeres afganas caminan por una calle de la ciudad de Jalalabad, en Afganistán, en esta imagen de archivo. Desde que asumieron el poder en agosto de 2021, los talibanes han implantado un sistema de castigos corporales que incluyen la lapidación y decenas de latigazos, tanto contra hombres como contra mujeres y niños. Imagen: Fardin Waezi / ONU

KABUL – La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama) ha demandado al gobierno de la milicia talibán en ese país que ponga fin a los castigos corporales y decrete una moratoria en la aplicación de la pena de muerte.

“El castigo corporal es una violación de la Convención contra la Tortura y debe cesar”, declaró la jefa de derechos humanos de la Unama, Fiona Frazer, y sostuvo que las Naciones Unidas “se oponen firmemente a la pena de muerte”. Por ello, demandó también a las autoridades de facto afganas que establezcan una moratoria inmediata de las ejecuciones, al presentar un nuevo informe sobre los castigos corporales este lunes 8.

Desde los latigazos a las lapidaciones, pasando por afeitados de cabeza y duchas de agua fría, hombres, mujeres y niños sufren castigos corporales públicos en Afganistán, considerados torturas y tratos inhumanos y crueles, por lo que la ONU pide la abolición de esas prácticas.

Unama afirma haber documentado una serie de castigos corporales, incluyendo latigazos o flagelaciones, lapidaciones, obligar a la gente a permanecer de pie en agua fría y afeitarse la cabeza a la fuerza. Se trata de castigos corporales aplicados por los talibanes desde su regreso al poder el 15 de agosto de 2021, tras desalojar al gobierno elegido que había en ese país, en paralelo con el retiro de fuerzas militares de Estados Unidos y sus aliados.

Según el informe, en la actualidad el sistema jurídico afgano no salvaguarda las garantías mínimas de un juicio justo y del debido proceso, y los abogados defensores denuncian dificultades para reunirse con sus clientes, acceder a los lugares de detención y ser marginados en los procesos judiciales.

La misión advirtió además de que la negativa de los talibanes a conceder licencias a las abogadas defensoras y la exclusión de las juezas del sistema judicial están repercutiendo en el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia.

El informe recuerda que el castigo corporal se ha definido como “toda condena en la que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, por leve que sea”. El documento denuncia que sólo en los últimos seis meses, 274 hombres, 58 mujeres y dos niños han sido azotados públicamente.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los órganos de tratados de derechos humanos y los responsables procedimientos especiales del Consejo han declarado que los castigos corporales constituyen una forma de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Como contravienen las normas internacionales de derechos humanos, reiteradamente han pedido su abolición.

Además, también han rechazado la ley religiosa como justificación para la aplicación de castigos corporales, insistiendo en que “los Estados que aplican el derecho religioso están obligados a hacerlo de manera que se evite la aplicación en la práctica de castigos corporales que causen dolor”.

Entre el 15 de agosto de 2021 y el 12 de noviembre de 2022, Unama documentó al menos 18 casos de castigos corporales judiciales llevados a cabo por tribunales de facto provinciales, de distrito y de apelación.

“Dentro de los 18 casos documentados, 33 hombres y 22 mujeres fueron castigados, incluidas dos niñas. La gran mayoría de los castigos, tanto para hombres como para mujeres, se relacionaban con el adulterio o la huida del hogar”, indicó el reporte.

En general, los castigos consistían en entre 30 y 39 latigazos para cada condenado. Sin embargo, “en algunos casos las personas recibieron hasta 80 o 100 latigazos”.

El informe destaca que el castigo corporal, además de constituir una violación del derecho internacional de los derechos humanos, puede infligir graves daños físicos y mentales a quienes lo padecen.

“La situación política y la crisis humanitaria a las que se enfrenta Afganistán han provocado una disminución de la financiación de los servicios de apoyo médico y psicosocial”, recordó el informe, pues en ese país de 40 millones de habitantes más de la mitad de la población requiere asistencia humanitaria, según la ONU.

Eso significa que “las personas que sufren daños como consecuencia del castigo corporal tienen menos probabilidades de acceder a los servicios”, concluye el informe de Unama.

A-E/HM - Fuente: IPS