Una vez que se empezaron a constatar las consecuencias de los errores cometidos frutos de la conocida como “Ley del sí es sí”, ya ha producido más de 500 reducciones de condenas, la ministra Irene Montero quiso echar la culpa de lo que estaba sucediendo a los jueces.
El Gobierno y sus ministros parecían no saber, o no querer saber, que un juez en España es la “boca de la ley”, y que su margen de interpretación no puede corregir una norma. El Gobierno quiso que el Tribunal Supremo y los fiscales taponaran el hueco abierto en el ordenamiento, pero eso era imposible. En definitiva, la ley no debió aprobarse nunca tal como estaba redactada.
