Ocurren, como mínimo, cuatro hechos preocupantes en Catalunya. Y esto va más allá de cualquier tendencia o color político normales. Escapan a la normalidad democrática.

A raíz de la radicalización nacionalista –que ha pasado del nacionalismo al secesionismo-, la sociedad catalana se ha dividido casi por la mitad: los partidarios de romper con el resto del Estado y los que prefieren continuar en él, si bien con una forma de relación diferente ya que la actual resulta conflictiva.

Además de esta preocupante división de casi por la mitad –si bien los números dan cierta ventaja de votantes a la opción de buscar una mejor relación-, resulta que una de ellas –precisamente la menos votada- quiere imponerse a la otra mitad. Con lo cual se rompe la buena convivencia e incluso se vulneran las reglas democráticas al uso. No tiene ninguna lógica que la minoría –por muy amplia que sea- forcejee para prevalecer sobre la mayoría. Ni siquiera que hubiese un empate al 50 por ciento, pues una decisión tan trascendente para la totalidad, por sentido común requeriría un porcentaje diferencial mucho más alto –pongamos un 70 u 80 por ciento- y con una participación en las urnas de más de la mitad. Sin estas premisas, no solo se fomenta el choque social interno, sino que es recurrir a los sistemas totalitarios.

Si, además, resulta que una de las mitades –la menor- se hace con los instrumentos del poder de todo tipo –claramente el institucional (ejecutivo y parlamentario) aparte del mediático público, y los utiliza ilegítimamente para atraerse y someter a la otra, nos encontramos ante un claro abuso de poder. Con lo cual se han dejado de lado las normas elementales de la convivencia democrática, para intentar instalar un sistema autoritario, aparte del signo ideológico –de derechas o de izquierdas- que finalmente acabe imperando.

Pero si, encima, se utiliza el engaño y a la hora de convocar e interpretar la voz de las urnas, simulando que era un plebiscito lo que eran unas elecciones autonómicas, se estará fuera de toda legalidad. Y si se proclama intencionadamente, como se hizo al principio, que havia ganado la opción rupturista (que obtuvo más representantes para la formación de gobierno, pero menos votos para una pretendida secesión del Estado –la que no era el objeto de la convocatoria) se habrá entrado en la espiral de la deslegitimación de las propias instituciones catalanas.

Y no vale acudir a la mobilicación de la calle, agitando sentimientos y confundiendo razonamientos para que prevalezca el grito por encima de la legalidad, y así conseguir lo que en el fondo pueden ser aspiraciones legitimas de una gran parte de la sociedad, pero que se deslegitiman por este tipo de procedimientos y al considerarse superiores a los deseos de la otra mitad de la sociedad catalana.

Son, estas, inquietudes y razonamientos a tener en cuenta en este momento de exaltación de sentimientos e intereses, y de mentes poco frias.