El acto de homenaje a las víctimas del terrorismo con motivo del XXV aniversario del secuestro y asesinato del Miguel Ángel Blanco en Ermua ha puesto de manifiesto, una vez más, cómo la comunicación y el protocolo son tratados como herramientas de desinformación.

Por un lado, menciono la declaración del presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su discurso al afirmar que: «Y si hoy, Euskadi y España son países libres y en paz es gracias a todos y a todas que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y el odio».

Es inconcebible como desde la presidencia de un gobierno se puede ignorar la esencia e identidad del propio país al que gobierna, porque tal y como reconoce el artículo 2 de la Constitución española, esta «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas».

Por lo tanto, solamente hay un país, España, y una comunidad autónoma, de diecisiete, que se denomina País Vasco, tal y como recoge el artículo 1 de su estatuto de autonomía: «El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica».

Y, por otro lado, es de destacar la ordenación de la línea de autoridades y personalidades que fueron honrados con un aurresku, la danza ceremonial y tradicional vasca. En dicha ordenación lineal la presidencia del Gobierno español precedió a la jefatura del Estado español. Es decir, el presidente ocupó el puesto número 1 y el rey el número 2. Esta imagen va en contra de toda normativa y de todo sentido común.

Para mí, este es un ejemplo más de como la comunicación y el protocolo de Estado o institucional se pone al servicio de quien gobierna y a sus intenciones políticas e ideológicas, en lugar de servir a la institución en sí misma.

El profesional de la comunicación y del protocolo no puede ir, actuar u organizar, en contra de la normativa con la que se tiene que relacionar para ejercer con ética y deontología su trabajo. Y si lo hace, debe informar antes que dicho discurso o acto está diseñado bajo parámetros ideológicos y mercantiles, al igual que ocurre con los publirreportajes: «En la emisión de publirreportajes, telepromociones y, en general, de aquellas formas de publicidad distintas de los anuncios televisivos que, por las características de su emisión, podrían confundir al espectador sobre su carácter publicitario, deberá superponerse, permanentemente y de forma claramente legible, una transparencia con la indicación “publicidad”», recoge la Ley 7/2010.

Es grotesco e insultante ver ejemplos de mala praxis desde las más altas esferas profesionales del protocolo y, a su vez, luchar y defender la formación universitaria en la disciplina del protocolo.

Tocará, otra vez, conversar en torno a la pregunta: «Profesora, ¿cómo pueden ocurrir estas cosas a este nivel?». Y, como siempre, yo les responderé: «Vosotros sois la solución. Formaos, aprended y, sobre todo, sed valientes».