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Imagine usted que un encuestador del CIS le pregunta lo siguiente: ¿Está usted de acuerdo con el artículo 56 de la Constitución, que dice que el rey es inviolable? Antes de responder, imagine también que el encuestador le pregunta esto otro: ¿Cree usted que el rey debe poder robar o matar sin ser juzgado y condenado?
Lo normal es que usted conteste con mayor convicción a la segunda pregunta, pues es tan evidente que hasta parece distinta. Sin embargo, la fiscalía ha decidido no imputar al rey por delitos comunes, de los que tenía pruebas, con la excusa del artículo 56. Por su parte, el PSOE, el PP y Vox han rechazado una proposición de ley del PNV, lo que significa que han votado a favor de que el rey pueda cometer delitos sin someterse a los tribunales. Por ejemplo, cuando su padre tenía la misma edad que hoy tiene Felipe VI contaba los billetes de dinero con una máquina como las de los bancos, pero en La Zarzuela. ¿Sabemos algo de esto ahora?
Dado que el gobierno no se atreve a convocar referéndums sobre asuntos “de Estado”, nada le impide, en cambio, ordenar al CIS una encuesta inapelable, a cien mil personas, por ejemplo, con ambas preguntas o, en su defecto, mejor la segunda. Después publicar los resultados y a ver quién es el político que se atreve a votar contra la reforma de una ley que, además de avergonzar a millones, incumple la misma Constitución que dice que “todos los españoles son iguales ante la ley”.
Salvo que Sánchez decida que Felipe VI es divino y, por tanto, no español, sino de cualquier sitio. O que piense concedernos a todos la misma inviolabilidad y entonces habremos alcanzado la anarquía por la senda de la monarquía.
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