Los líderes de los países africanos han mostrado este miércoles sus dudas respecto al retorno obligatorio de sus emigrantes llegados de manera irregular a la Unión Europea, pese a la promesa de la Unión Europea de crear un fondo fiduciario dotado con 1.800 millones y pese al compromiso común expresado en la primera jornada de la cumbre de La Valeta de pactar una estrategia común a largo plazo.

"Nuestra vocación es la de desarrollar África, no la de enviar inmigrantes", ha avisado el presidente de Senegal, Macky Sall, para quién la cuestión de negociar acuerdos de readmisión y retorno con la UE es un asunto difícil. A su llegada a la reunión, Sall ha reclamado a los Veintiocho que exploren el modo de "regularizar" a los africanos que ya están en territorio comunitario de manera irregular.

Los líderes de ambas regiones tienen previsto adoptar el jueves un plan de acción con medidas concretas para atajar la inmigración irregular y combatir las mafias que trafican con estas personas, y asumen la "interdependencia", según el texto pactado por los negociadores y que se espera que adopten sin grandes cambios los jefes de Estado y de Gobierno en su segunda jornada de cumbre en Malta.

El texto, sin embargo, diluye alguna de las aspiraciones europeas, en especial el acento que los Veintiocho quisieron poner en la urgencia de negociar acuerdos de retorno y readmisión con sus contrapartes africanas. La Unión Europea cuenta con 17 convenios de este tipo con países terceros, pero sólo uno de ellos se firmó con un Estado africano, Cabo Verde, y las negociaciones con otros como Marruecos están estancadas.

Por ello, los líderes de la UE anunciaron hace semanas su compromiso de dotar con 1.800 millones de euros un fondo fiduciario de apoyo a los países del sur del Mediterráneo, con el objetivo de apoyarles en la atención de refugiados y en su desarrollo económico y social para recibir a sus emigrantes deportados.

Un total de 25 Estados miembros han notificado su intención de contribuir al fondo, según ha anunciado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pese a que las cifras hechas públicas apenas suman 47 millones de euros, de los que tres millones proceden de España.

En opinión del presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, se trata de un instrumento "insuficiente para cubrir todas las necesidades" para corregir las causas profundas de hambre, inestabilidad y desigualdad que obliga a miles de africanos a jugarse la vida para llegar a la UE.

Preguntado por si los países africanos aceptarán agilizar las deportaciones, el presidente de Níger ha dicho estar "abierto a discusiones", pero ha dejado claro de que "todo dependerá de las condiciones ofrecidas para lograrlo".

Los países de África y de la UE se comprometerán a "reforzar la lucha contra la inmigración ilegal" y a negociar acuerdos para el retorno y la readmisión, pero dejando clara la intención de "dar prioridad a los regresos voluntarios", según el borrador del texto que será formalmente adoptado el jueves y al que ha tenido acceso Europa Press.

Las delegaciones africanas han insistido en que se ponga el acento en la opción voluntaria sobre la obligatoria, en contra de las aspiraciones europeas.

El propio presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, avisó en su intervención de apertura de la cumbre que es "esencial" que se devuelva a origen a las personas que no tengan derecho a la protección internacional. "Inmigración, claro. Pero no toda", ha afirmado, para después incidir en que es "responsabilidad" de los gobiernos y una obligación internacional hacerse cargo de sus nacionales en condiciones irregulares en otro territorio.

"Los inmigrantes irregulares deben ser repatriados de forma eficaz y rápida. Los retornos voluntarios son siempre preferibles, pero cuando no son posibles, los retornos forzados constituyen un prerrequisito para una política migratoria bien gestionada", ha zanjado.

Se espera que el acuerdo del jueves detalle medidas específicas para el medio y largo plazo en materia de inmigración, que deberán ser aplicadas a lo largo de 2016 y cuyo cumplimiento será supervisado, según adelantó la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini.

Entre los proyectos, el compromiso de reducir los costes de las remesas que realizan los inmigrantes a sus familias desde Europa, hasta situarlos por debajo del tres por ciento de aquí a 2030.

Los europeos también abren la puerta a flexibilizar la política de visados y a apoyar programas para favorecer la movilidad y formación de estudiantes, investigadores y profesionales.