Existen graves problemas económicos en España que afectan a casi todos los ciudadanos. El paro del transporte por carretera está hundiendo la  economía española. El Gobierno debe sentarse y negociar con todas las partes y plataformas de camioneros o transportistas. La exclusión de la negociación de la plataforma convocante puede causar que el paro del transporte se prolongue más, con lo que eso supone en cuanto a pérdidas millonarias diarias.

Habrá que bajar el precio de los carburantes o subvencionarlos adecuadamente o de forma suficiente, para que los trabajadores del sector del transporte puedan vivir de su trabajo con dignidad y no pierdan sus bienes por las deudas.

El desabastecimiento de productos de alimentación de primera necesidad es una realidad  y esto no puede ser permitido por ningún Gobierno. Si es preciso declarar el estado de alarma, Pedro Sánchez puede hacerlo y parece que está tardando. Los camioneros, durante la pandemia del coronavirus, en su periodo más duro, fueron esenciales para garantizar el abastecimiento de todo tipo de productos básicos o fundamentales.

Los agricultores y los pescadores también están sufriendo las consecuencias de la subida de los carburantes y no pueden producir de modo deficitario o perdiendo dinero, como es lógico. Es absolutamente necesario que sean subvencionados por el Gobierno o que se atiendan sus justas reclamaciones, para que puedan vivir de su trabajo. Es un sector indispensable para toda la población española.  Los costes de producción están disparados en la agricultura y esto supone el cierre de muchas explotaciones que no pueden subsistir.

También está el problema de los intermediarios que, si bien son necesarios en muchos casos, deben tener unos márgenes de beneficio racionales y no excesivos en comparación con los de los ganaderos y agricultores. Esto debería ser regulado con normas específicas por parte del Gobierno.

Las compañías eléctricas al igual que los bancos están logrando enormes beneficios económicos anuales y además parece que  pretenden cada año ganar el doble de dinero que el anterior, si pueden. Además, los bancos pagan unos intereses irrisorios por el dinero de sus clientes y cobran comisiones, por casi todo. Por si esto no fuera bastante, los trabajadores se tienen que conformar con unos salarios prácticamente congelados a los efectos. Además, la inflación es galopante y ya está haciendo de las suyas.

La subida del IPC está dejando exhaustos los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos. El sector de los taxistas ya tiene convocadas protestas y manifestación para este domingo, por los precios de las gasolinas.

Por otra parte, el Gobierno pide ayuda urgente a Bruselas, por causa de la crisis energética y admite la falta de productos en los supermercados. La Unión Europea está desoyendo las peticiones de España para limitar precios y quiere que los países europeos amplíen sus reservas de gas.

Lo que pone de manifiesto que Pedro Sánchez debería tomar decisiones de calado, para resolver esta grave crisis de la economía. Una posible solución será emplear una parte sustancial de los impuestos recaudados, para dar subvenciones o ayudas suficientes a los sectores más afectados por el precio de los combustibles.

Se debería abordar lo prioritario y sacar los recursos económicos necesarios  de los fondos estatales, para garantizar la pervivencia de cientos de miles o millones de trabajadores con sus familias. Sin transporte se paraliza toda la actividad económica y eso produce efectos tremendos en toda la sociedad española.

El acaparamiento de alimentos, por una considerable parte de la población, no estaba justificado y ha causado graves problemas de desabastecimiento añadidos a los que ya se habían producido.

El Gobierno español debe tomar medidas extraordinarias ya, sin esperar más. De lo contrario, se llegará a una situación caótica, si es que ya no lo es. Perseguir el fraude fiscal es otra de las prioridades, paraconseguir más  dinero para las arcas del Estado que será muy beneficioso, porque eso supondrá disponer de más recursos para atender las necesidades de los ciudadanos o de los trabajadores.

Hacer que desaparezca la economía sumergida o ilegal también representaría el logro de grandes cantidades de dinero para España, que podrían utilizarse para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.

Subir mucho más los impuestos a las grandes fortunas e impedir con normas que los directivos de grandes empresas y bancos ganen cantidades desorbitadas de dinero, en el ejercicio de sus funciones, es otra tarea a realizar. Es un conjunto de medidas de regulación de la actividad productiva general lo que se debería realizar, de forma urgente, y los ciudadanos lo notarían en su calidad de vida.