La alimentación es una de las cuestiones más importantes de la vida cotidiana. A pesar de la tendencia en alza de una dieta healthy, todavía existen productos que no ofrecen todas las garantías exigibles por el mercado, algunos de los cuales se tratan de ‘fraude alimentario’, incumpliendo la legislación alimentaria vigente. Aceites, vinos, derivados lácteos o pescados son solo algunos de los productos en los que se ha detectado una mayor incidencia, muchos de los cuales se producen por dilución, sustitución, encubrimiento, etiquetado incorrecto, falsificación o productos de mercado gris, entre otros, según apunta la Global Food Safety Initiative (GFSI).

Este tipo de acciones fraudulentas llegan a socavar la reputación de productos y fabricantes. Por eso, el trabajo de empresas certificadoras como TÜV Rheinland es indispensable para mitigar estos efectos y contribuir a una mejora en la calidad de la oferta alimenticia.

Certificaciones para mitigar el fraude alimentario

Ante todas estas acciones, la sociedad internacional se ha dotado de ciertas normas que trabajan para mitigar el fraude, reduciendo así sus posibles efectos negativos tanto para la salud como la economía. En este sentido, TÜV Rheinland, trabaja con organizaciones y empresas como tercera parte independiente para lograr el cumplimiento de las normas ISO 22000, IFS, BRC y FSSC 22000:

La ISO 22000: es la principal norma reconocida internacionalmente para certificar los sistemas de gestión de la industria alimentaria. Mediante esta norma se estudia que las empresas cumplen con la normativa de seguridad alimentaria durante toda su cadena de valor, desde los productores primarios hasta el transporte, los fabricantes de alimentos y el comercio minorista.

International Food Standard o IFS: es la normativa internacional que comprueba que los alimentos cumplen los más altos requisitos en términos de seguridad, calidad y conformidad legal.

Norma BRC (British RetailConsortium) en seguridad alimentaria: Convertida en un estándar global en materia de seguridad de los alimentos, establece una serie de requisitos claramente definidos para que los comerciantes y sus proveedores reduzcan las posibilidades de causar problemas legales o de salud con sus productos alimenticios.

La norma FSSC 22000: es una de las más aceptadas a nivel internacional. Se trata de una herramienta para lograr una optimización verificable de la seguridad alimentaria en las cadenas de producción y suministro de las empresas. La adecuación a esta norma permite a las empresas aumentar la confianza de sus clientes, consiguiendo una ventaja competitiva importante y reduciendo los riesgos de responsabilidad por sus productos. Además, esta norma también es fácilmente integrable con otros sistemas de gestión de calidad como ISO 9001 o ISO 22000.

Todas estas normas aplicables para la reducción y prevención del fraude alimentario, requieren la colaboración conjunta de las empresas certificadas. Éstas deben aplicar medidas y planes de prevención en base a una evaluación de la vulnerabilidad de sus procesos que les permitan controlar cualquier riesgo identificado respecto a las materias primas que adquieren, los ingredientes, materiales de envasado o procesos subcontratados.

A pesar de su importancia, el consumidor final no puede consultar qué empresas cuentan con estas certificaciones prestando atención a los productos que adquiere, ya que se trata de estudios sobre sistemas de gestión y no certificaciones de productos como tal. En algunos casos, sí que se puede consultar qué empresas cuentan con estas certificaciones accediendo a sus páginas web o a bases de datos de consulta pública de algunos de estos estándares, donde se listan las empresas que cuentan con ellos.

Según explican los técnicos de Seguridad Alimentaria de TÜV Rheinland “con nuestro trabajo examinamos cómo de bien se han protegido las empresas productoras ante el fraude alimentario, verificando si se han implementado correctamente todos los elementos exigidos por los estándares internacionales. El fraude alimentario supone un importante riesgo económico y, en ocasiones, de salud en todo el mundo, por lo que es muy importante que la industria tome medidas para mitigarlo, reduciendo las oportunidades para posibles infractores”.