Tras la implementación por el Gobierno de Sánchez del Estado de Alarma debido a la crisis del COVID-19, la sui generis democracia española habría devenido en una suedo-autocracia en la que todos los poderes quedan concentrados en el Presidente y en su brazo ejecutor, el Ministerio de Sanidad. En esta tesitura, la oposición se encuentra desarbolada al verse incapaz de evitar la aparición en el BOE de los sucesivos Decretos-Leyes implementados por el Gobierno, quedándole tan sólo el recurso al pataleo traducido en caceroladas y escraches.
Sin embargo, el establishment habría diseñado una estrategia para descabalgar del Poder al Gobierno PSOE-Unidas Podemos y convocar unas nuevas elecciones (Operación “Acoso y Derribo”) cuya primera fase incluiría una ofensiva mediática para hacer del Gobierno central el único culpable de “la pésima gestión ante la crisis sanitaria”. La segunda fase consistiría en la negativa del PP y Vox a implementar nuevas prórrogas del Estado de Alarma por ser “una dictadura constitucional que restringe las libertades individuales”, tentativa que fracasó debido al cambio de actitud de Ciudadanos al apoyar al Gobierno Sánchez en las dos últimas prórrogas. La tercera fase de la operación “Acoso y Derribo” intentará aprovechar el malestar de amplios sectores de la ciudadanía por la duración del confinamiento así como la ruina de autónomos y pequeños empresarios para iniciar “una Revolución Patriótica o Rojigualda” que mediante “caceroladas y escraches” desafiará al Gobierno al incumplir sin recato las restricciones incluidas en el actual Estado de Alarma.
Finalmente, estaríamos asistiendo al inicio de la cuarta fase que consistirá en la “judicialización de la política o lawfare”. Susan W. Tiefenbrun en su tesis “Semiotic Definition of Lawfare” publicada en Case Wester Reserve University, indica que el término Lawfare ( en castellano Guerra Judicial). habría surgido de la mezcla de las palabras Law (Ley) y Warfare (Guerra) y sería una expresión cuyo uso se ha generalizado en los medios anglosajones en la primera década de este siglo. Con dicho término nos referimos al “abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad”.
Estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal tales como no respetar la inmunidad política de los cargos electos así como crear indefensión y que tendrán su plasmación en el juicio abierto por la nueva estrella mediática del firmamento judicial, la jueza Carmen Rodríquez-Medel contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Así, en palabras de la Abogacía del Estado “la celeridad inusitada, en modo alguno justificada por motivos jurídicos o procesales estaría causando indefensión al Delegado del Gobierno” y en realidad se trataría de “una causa general contra el Gobierno”, ofensiva judicial que tendría continuidad con la presentación de una querella criminal por homicidio imprudente contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,Fernando Simón.
