Se puede decir que el problema catalán y, cuando nos referimos a él, hablamos del empecinamiento de los miembros del Gobern de la Generalitat y de los partidos separatistas que lo apoyan o, mejor dicho, lo impelen y lo fuerzan a que avance, cada vez con más decisión, hacia la celebración de la anticonstitucional e ilegal consulta sobre lo que ellos denominan “el derecho a decidir” que, en realidad y dadas las cuestiones que se van a proponer en dicha consulta, no es más que un acto de rebelión en contra del mandato Constitucional y un atentado grave contra la unidad de la nación española; ha llegado a un punto en el que parece que la marcha atrás ya no resulta posible y que lo único que se puede esperar es que, amparados en lo que en Catalunya se denomina Ley de Consultas, sigan en su obsesión separatista, pretendiendo que por el hecho de que hayan promulgado una ley de Consultas, ya están amparados para poder celebrar una consulta que pone en cuestión la unidad de España y que pretende prevalecer contra lo dispuesto en la Constitución española, lo interpretado y avalado por el TC y en contra de lo que decidió el Congreso de los Diputados.

El tema no es nuevo y se puede decir que, sobre él se han escrito ríos de tinta sin que, en ningún caso, hayan servido para convencer a los separatistas catalanes de que, su proyecto carece de lógica, que van a quedar excluidos de Europa, que no van a tener opción a las ayudas de la CE y que no podrán financiarse del TCE, dejando aparte su inconstitucionalidad y la opinión de la gran mayoría del pueblo español, que está en contra de semejante propuesta y de que Catalunya pretenda obtener beneficios de los que carecen el resto de comunidades españolas. Sin embargo, cuando escuchamos a don Francesc Homs de la comisión ejecutiva de Convergencia o al señor Junqueras, el líder de ERC, en sus recientes declaraciones y a poco más de un mes del presunto referendo, no se observa en ninguno de ellos la menor duda en que la votación va a tener lugar, contra viento y marea, en la fecha fijada.

El señor Homs insiste en que “Votar, se votará” contestando a las palabras de Rajoy sobre lo absurdo de la consulta con un “lo absurdo es estar en contra del poder de votar” añadiendo que “el compromiso del Gobern es conocido e inequívoco”. El señor Junqueras todavía es más tajante y ante la posibilidad de que el señor Mas pudiera recular o salir del paso convocando unas nuevas elecciones generales( algo que no hay que descartar si les falla la consulta del 9N) ha dicho que está “convencido” de que Mas apostará por la consulta del 9N, pese al rechazo de Rajoy y “diga lo que diga el TC”. Como hizo en 1.521 Hernán Cortés, cuando quemó las naves para que los descontentos no pudieran huir a Cuba, el señor Junqueras ha rematado su explicación diciendo que: no existe ningún plan “b” como alternativa a la consulta.

Don Mariano Rajoy se ha mostrado muy convencido de que no habrá consulta y ha repetido hasta la saciedad que estará siempre al lado de la legalidad. Lo ha repetido en compañía de la señora Merkel que también ha coincidido con él en esta materia pero, para los ciudadanos españoles, y más para los que residimos en Catalunya, nos parece extraño que, existiendo motivos por incumplimientos de sentencias de los altos tribunales, por negativas de la Generalitat a ejecutar sentencias en las que se les imponían correcciones de su sistema educativo en cuanto a la enseñanza del castellano y los derechos de los padres a exigir un tipo de enseñanza para sus hijos; hasta ahora no se haya utilizado el Código Penal español para acusar, a las autoridades infractoras, de desobediencia y resistencia al cumplimiento de las sentencias; algo que, por otra parte, correspondía a los fiscales reclamar para pedir que las sentencias fueran ejecutadas.

Sin querer entrar en cuestiones jurídicas, sin embargo, creo que somos mayoría los españoles que, ante la inminencia de la consulta prevista para el 9 de noviembre, los que quisiéramos saber lo que tiene previsto el Gobierno de la nación para impedir que los catalanes vayan a votar, que se instalen las urnas en los locales destinados a la votación y que se siga haciendo propaganda impunemente, llamando a los ciudadanos a ir a las urnas en masa. Suponemos que no tendrán previsto actuar cuando ya todo esté montado el tinglado y la gente ocupe las calles para acudir a las urnas, dado que en este caso, seguramente, podría haber altercados. Si se van a aplicar los artículos de la Constitución que hacen referencias a estas cuestiones, así como la resolución que, al respecto de la referida Consulta, hizo el propio TC cuando advirtió que, en la Constitución, no existe el pretendido “derecho de autodeterminación”; debería avisarse al gobierno catalán de ello y establece, con tiempo, la medidas adecuadas para impedir que la cuestión llegue a más.

Me pregunto qué ocurriría si, a pesar de que el TC declare ilegal la ley de Consultas de los catalanes, los organizadores no hacen caso ( como ya han anunciado) y deciden continuar con la votación. ¿Cómo se va a impedir que esto suceda y con qué medios se va a contar para garantizar que la consulta no se lleva a término?. Veamos, los precedentes los tenemos en el caso del presidente Maciá y el presidente Companys. El primero aprovechó la proclamación de la II República y el llamado Pacto de San Sebastián para proclamar la República Catalana dentro de la federación del repúblicas ibéricas. Muerto Maciá le sucedió L.Companys que, aprovechando los tumultos en Asturias quiso repetir la hazaña de su antecesor y, el 6 de octubre de 1.934 proclamó el “Estado Catalán de la República federal Española”. El siete de octubre Companys fue detenido y encarcelado. En ninguno de los dos casos los líderes catalanes hablaron de la independencia de Catalunya aunque pensaron que se podría convertir en un país federal.

Quedaría por ver si, con la intervención administrativa de la comunidad sería suficiente para parar el movimiento separatista o si se debería acudir a los dispuesto en el artículo 8º de la Constitución para imponer el orden. ¿Existe, de verdad, en Catalunya, en toda su sociedad, aparte de su natural sentimiento catalanista, un sentimiento tan fuerte de independentismo que llegara a producir una verdadera revolución? En ello está la incógnita y lo que no podemos entender, a estas alturas, que el Estado todavía no haya advertido de forma oficial de todas las consecuencias que le podrían acarrear al pueblo catalán el iniciar la aventura, a todas luces disparatada, de lanzarse a la piscina sin comprobar que estaba llena. Deben ser conscientes de que, en todo caso, su futuro no podría estar en Europa y sus aspiraciones de comerciar con el resto de potencias mundiales, sin duda condicionado por los fuertes aranceles que se verían obligados a pagar, tanto por sus importaciones como por sus exportaciones. Los industriales saben lo que les representaría un boicot a sus productos y los bancos conocen perfectamente lo que les costaría el no disponer de los créditos europeos. ¿Quién pagaría a los jubilados, o quien subvencionaría la Seguridad Social o qué moneda se pondría en circulación? Incógnitas sin respuesta pero, lo evidente sería que, al día siguiente de proclamarse la independencia, todos los catalanes, sin excepción, seríamos más pobres, a causa de la devaluación que experimentaría la moneda o el resto de bienes muebles e inmuebles de la nueva nación a causa de la desconfianza de los inversores y la previsible caída en todas las bolsas internacionales. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos inquietos acercarse una fecha que puede ser caótica para Catalunya.