La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha emitido un comunicado en el que culpan al Ministerio del Interior de propiciar la prejubilación del inspector jefe de Policía condenado en el 'caso chivatazo', José María Ballesteros, por miedo a que cuente lo que sucedió en el Bar Faisán en torno al soplo policial que frustró una operación contra la red de financiación de ETA. Las víctimas consideran su prejubilación una "tomadura de pelo" ya que Ballesteros tendría que estar expulsado de la Policía.

"Con este Gobierno te jubilan más fácil por colaborar con ETA que por sufrir un atentado de la banda", dice la AVT sobre Ballesteros, quien fue condenado en firme en julio por el Tribunal Supremo a un año y medio de cárcel y a cuatro de inhabilitación por un delito de revelación de secretos junto al ex jefe Superior del País Vasco Enrique Pamiés. Ambos fueron considerados por tanto los autores del 'chivatazo', aunque fueron absueltos del delito de colaboración con ETA en contra de las pretensiones de la AVT.

CONDENADO POR REVELACIÓN DE SECRETOS
Al ser condenados a menos de dos años y no tener antecedentes penales, no tendrán que ingresar en prisión, pero una condena penal conlleva la expulsión inmediata del Cuerpo. No obstante, según publicó 'El Mundo', a Ballesteros se le ha concedido una prejubilación por incapacidad permanente contando para la pensión todos los años que le quedaban hasta su jubilación.

Para la AVT "es muy grave que un Ministerio esté premiando a unas personas sentenciadas por favorecer a ETA y posibilitar que no detuvieran a los terroristas".

ESTUDIAN ACCIONES LEGALES
La principal asociación de víctimas se pregunta: "¿tendrá que ver que Ballesteros haya insinuado en alguna ocasión que estaría dispuesto a desvelar todo lo ocurrió aquel día en el Bar Faisán, apuntando que el chivatazo vino de altas esferas políticas?".

Por ello piden a Interior que rectifique y recuerdan que cuando el PP estaba en la oposición "se le llenaba la boca diciendo que habría que sacar la verdad del Faisán y así lo pedían cada semana en el Congreso de los Diputados".

"Es un fraude de ley", según las víctimas, que están estudiando emprender acciones legales para impugnar esta decisión. A su juicio, "es más una decisión política que judicial o medica".