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La Policía Nacional ha detenido a 740 personas e imputado a 1.241 en su mayor operación contra empresas ficticias, que han defraudado más de 20,5 millones de euros a las arcas públicas, según ha informado la Policía en un comunicado.
En esta operación se ha investigado a 135 sociedades mercantiles que supuestamente se dedicaban a la hostelería, construcción, mensajería, limpieza o jardinería en Madrid, Guadalajara, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Almería, Granada y Jaén.
Entre los arrestados hay 30 administradores de las falsas empresas que, sin ejercer actividad real, realizaron más de 8.400 altas en la Seguridad Social y obtuvieron ilícitamente más de 2.100 prestaciones y trataron de obtener autorizaciones de residencia y trabajo para 362 ciudadanos extranjeros.
El director de la Policía, Ignacio Cosidó, junto con el subsecretario de Estado de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, y responsables policiales de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal y de la UCRIF Central ofrecerán detalles de esta operación y del convenio entre ambos empresas contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han mantenido un primer encuentro con el objetivo de establecer las líneas de colaboración y los mecanismos necesarios para que los derechos de las personas mayores y con discapacidad mayores estén presentes en el marco de las políticas municipales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante 2023 un total de 24.581 denuncias por desaparición que corresponden a 15.126 personas diferentes, según el balance difundido por el Ministerio del Interior. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el ministerio va a empezar a prestar atención psicológica gratuita a los familiares de las personas desaparecidas.
Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.
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