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Garzón apoya a Pedraz y pide al Constitucional que anule la ley de Justicia universal | |||
"Los jueces tienen obligación de no aplicar normas que son inconstitucionales" | |||
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► Pedraz se niega a archivar la causa sobre Couso El exjuez Baltasar Garzón considera "lógica" la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de no cerrar la investigación por la muerte del cámara José Couso en Irak, y confía en que la ley que limita la Justicia universal "acabe en el Tribunal Constitucional" y éste declare su inconstitucionalidad.
En declaraciones a la Ser recogidas por Europa Press, Garzón ha opinado que la ley tiene varias causas de inconstitucionalidad porque quebranta derechos fundamentales y restringe derechos consagrados en la Constitución, "pero sobre todo la que obliga retroactivamente a archivar procedimientos excede absolutamente las competencias de legislativo". Así, ha dicho que le "cuesta creer" que un juez vaya a archivar una causa por orden del legislativo, subrayando que esa es una competencia de los jueces y que corresponde a ellos decidir si concurren los supuestos previstos en una ley. Por eso, cree que la decisión de Pedraz es "estrictamente legal" y que así deberían ser también las decisiones de los demás jueces, "que deben mantener las causas abiertas" hasta que se decida sobre su sobreseimiento. |
Si finalmente el proyecto de ley que contempla la reducción de la jornada laboral salvase el obstáculo del trámite parlamentario y se llegase a dar luz verde al mismo, una de las consecuencias directas sería el aumento del salario por hora de trabajo. El escenario que plantea la reducción de las 40 horas a las 37,5 horas semanales propiciaría un incremento del valor por hora trabajadora de 9,26 a 9,75 euros, aproximadamente.
Durante la inauguración de la II Jornada de Delitos de Odio para jefes y directores de seguridad, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha destacado la labor “crucial” de la seguridad privada para “fortalecer la detección temprana y la respuesta eficaz ante los delitos de odio, siempre en estrecha colaboración con la Policía Nacional”.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo peruano, Carlos Malaver, se han comprometido a reforzar la cooperación en seguridad entre ambos países y seguir el camino iniciado en febrero de 2019 con la firma del Convenio bilateral sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, en vigor desde marzo de 2023.
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