La Infanta Cristina ha estado toda esta semana en Barcelona, ciudad en la que vivió su independencia lejos de Zarzuela, donde se le buscó trabajo en La Caixa, y donde hizo amistades, se enamoró y se casó. Aquí creó un hogar, nacieron sus cuatro hijos y es la ciudad en la que se sentía una más, en Barcelona la llamaban “la nostra” (la nuestra). Pero las cosas cambiaron y esa misma ciudad ha visto cómo su plácida vida se desmoronaba, primero obligada a irse a vivir a Washington y luego a Ginebra para alejar a la familia de los vaivenes a los que les han arrastrado los presuntos delitos que se le imputan a su marido, Iñaki Urdangarín, y ahora también a ella que tendrá que pasar este sábado por los pasillos del juzgado palmesano por supuesto blanqueo de capital y fraude fiscal.

El juez Castro, instructor del caso Noos, sostiene que Cristina de Borbón fue cooperadora necesaria de los supuestos delitos cometidos por su esposo ya que su participación societaria en la empresa Aizoon, de la que posee un 50 %, da lugar, a juicio del magistrado Castro, a la imputación por la que ahora se la llama a prestar declaración. Según el auto judicial Aizoon fue la destinataria de fondos que supuestamente obtuvo Iñaki Urdangarín de manera ilícita y de los cuales se aprovecharon tanto Iñaki como la hija del Rey.

Según el acta de imputación Cristina contrató personal de servicio explicándoles que serían pagados sus salarios en “negro” y superado el período de prueba serían contratados por la empresa Aizoon. Además tanto Iñaki Urdangarín como la Infanta Cristina cargaron gastos personales y familiares a la cuenta empresarial de Aizoon al tiempo que utilizaban artimañas de ingeniería financiera para que parte de los gastos de de su vivienda privada quedaran disfrazados como alquiler entre los gastos empresariales de la sociedad Aizoon.

Con el fin de esclarecer todas las dudas que existen en este asunto el juez Castro ha preparado un amplio abanico de preguntas, más de cien, para que la Infanta pueda, si es así, demostrar su inocencia en este turbio asunto en el que, por primera vez, se encuentran envueltos miembros de la familia del Jefe del Estado español, y aunque el fiscal Horrach en este caso parece más bien un abogado defensor que un acusador público parece ser que tiene previsto solicitar que, en caso de que Urdangarín sea condenado, la Infanta Cristina sea obligada a devolver 600.000 euros que es la cantidad en que la fiscalía estima se puede haber beneficiado de los supuestos trapicheos de su esposo. La fiscalía no la considera culpable para imputarla pero si para responder del posible fraude monetario, algo incomprensible, pero ya sabemos que a las personas de sangre azul todo se les perdona si lo han hecho por amor.

El Rey es el Jefe del Estado, y su familia, se sobreentiende, debería tener una vida inmaculada o como mínimo parecerlo, los ciudadanos esperan que los que están por encima de ellos en dignidad y gobierno, como se decía antes, en sus actuaciones sean claros, transparentes y legales, en fin, que cumplan con sus responsabilidades. La Infanta Cristina hace muchos meses que debería haber acudido a declarar ante el juez Castro, ¿no viven de sus privilegios?, pues que aguanten la vela cuando la vida se tuerce.

Cristina durante esta semana ha estado junto con sus abogados Miquel Roca Junyent y Jesús María Silva preparándose para contestar sin titubeos y con claridad a las preguntas del incisivo juez Castro, seguramente no le hará falta emplearse a fondo respondiendo al fiscal, y tan sólo responderá a las preguntas de su defensor negándose, es su derecho, a responder al resto de las acusaciones. Les tiene que convencer con su verdad, otra cosa será lo que ellos crean. Una verdad que lleva años dilatándose a causa precisamente de buscar todos los datos para que juez y fiscal puedan dar carpetazo a este auto.

Este sábado hay más de trescientos periodistas acreditados para ofrecer de primera mano información de esta comparecencia de la hija del Rey ante el juez. Ha despertado expectación y viene siendo noticia de primera página desde hace tiempo.

A los periodistas parece que se les va a asignar un espacio por cuestiones de orden y de seguridad. Y también es probable que lo tengan muy mal para hacer su trabajo, primará la seguridad de Cristina por encima de todo y fotógrafos y resto de prensa serán alejados de la presencia física de la Infanta con la excusa de la seguridad, aunque lo que realmente se busca es que nadie pueda tomar fotos comprometidas de una Infanta de España como imputada a la puerta de un juzgado o sentada en el banquillo ante el juez mirando la foto de su padre que, obligatoriamente, está presente en todas las salas de vista judiciales. Ante todo se busca, con la excusa de la seguridad, que nadie moleste con preguntas incomodas a la hija del Rey, ese mismo Rey que hace menos de dos años en su mensaje navideño dijo que la Ley era igual para todos. Si teníamos alguna duda de que esto no es así ahora tenemos la confirmación, ante la Ley los Borbones y otros privilegiados son diferentes.

Sin duda alguna que la Infanta Cristina finalmente acuda a declarar en sede judicial es gracias a la profesionalidad y constancia del juez Castro, un hombre que, por encima de los estamentos más altos del Estado, hace lo que cree que su deber como juez le demanda, cumplir con su deber sea quien sea el personaje al que tiene que imputar.

Quizá esta aparición de Cristina de lugar a que los cortesanos habituales, especialmente esos que en algunos medios ocupan el lugar de “cronista de la Corona”, lancen las campanas al viento para decir que la Monarquía española no ha puesto problemas a la justicia para que ésta haga su trabajo. Quizá, pero lo dudo, la Infanta Cristina fue imputada antes, el año pasado, imputada y desimputada en pocas horas, fue visto y no visto. Algo inaudito y fuera de lugar. Por suerte el juez Castro no tiró la toalla y elaboró un auto de 227 páginas, el más largo en ese tema en muchos años, para volver a imputar a la Infanta, ante esta realidad Casa Real y allegados tuvieron que callar y Cristina, como ha hecho toda esta semana, ensayar preguntas, respuestas, decorado que le rodeará durante unas horas.

Creo en la profesionalidad de todas las personas implicadas en este proceso pero también sé que cortesanos, adláteres y demás son los suficientemente irresponsables como para mediar con el fin de que todo el proceso quede suscrito a un paripé para, de una por todas, conseguir que todos los desaguisados de la Casa Real española queden olvidados, obviados o minimizados.

Este sábado en Palma de Mallorca los que lo tendrán peor son los informadores, tendrán muchos problemas, ninguno amable y sólo será un milagro si se consigue una imagen de la hija del Rey, ahora imputada, Cristina de Borbón en la que salga de frente y completamente nítida.