¡Fuera aforados!

Oímos hablar en los medios de los aforamientos y de sus beneficiados, los aforados. Pero con frecuencia nos liamos la manta a la cabeza y creemos que solo son aforados los políticos, o que ningún aforado puede ser juzgado. Con lo que bien está que sean aclaradas ciertas cosas básicas sobre tan esencial asunto.

Conviene dejar sentado desde el principio que no todos los países aforan a los mismos servidores públicos, e incluso que los hay que no contemplan dicha prebenda para ciudadano alguno. Por ejemplo, en España hay un cuarto de millón. Ya me contarán ustedes por qué, si de hecho en otras sociedades a un tiro de piedra viven bien sin dicha figura. ¿Quizá la razón sea esa picaresca que nos acompaña desde tiempo inmemorial, y que al parecer cuesta horrores sacarse de encima?

El aforamiento es una herramienta jurídica por la cual ciertos funcionarios públicos solo pueden ser juzgados por tribunales específicos: el Tribunal Supremo, su Sala de lo Penal, o los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en el caso patrio.

La Constitución Española actualmente en vigor afora penalmente a los miembros del Gobierno (artículo 102), y judicialmente a los diputados y senadores (artículo 71.3). La Carta Magna ―¡una vez más!― se contradice, y viola su propio principio de igualdad ante la ley (artículo 14), estableciendo una discriminación positiva de la que gozan las mencionadas personas, mas no el resto de la ciudadanía. «Discriminación positiva» suena como muy chulo, pero no pasa de ser un puto privilegio.

En 1980 fue aprobada la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, que permite la elección de doce de sus veinte vocales por parte de los propios jueces entre los que se encontraran en activo.

Y en 1985 el PSOE de Felipe González aprobó la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la cual la totalidad de los vocales son propuestos y elegidos por el Parlamento, lo que significa que son en su totalidad colocados a dedo por los partidos políticos representados en ambas cámaras. Con dicha ley el Gobierno aforaba a sus fiscales y jueces.

También el Ministerio Fiscal es un organismo constitucionalmente jerarquizado (artículo 124.2 de la CE), concediendo dos puntos más adelante el nombramiento de su cabeza al Gobierno. Además, dicho estamento depende del Ministerio de Justicia, es decir, del Gobierno. Como se ve, Todo queda en familia, con independencia de su ideario o tendencia política.

Por cuanto a los jueces, en la referida Ley del CGPJ de 1980 se establece que la institución decide los “destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados”, pudiendo favorecerles o perjudicarles, e incluso apartarles de la carrera en los casos más graves. Es retener el poder sobre este estamento público la razón por la que Felipe González cambió las reglas del nombramiento de los vocales del CGPJ, haciendo que fueran los políticos quienes los nombraran. De esta forma, los jueces que quisieran ascender (promocionarse) tenían que hacer méritos con el CGPJ y con los políticos.

La LOPJ de 1985 añadía un mayor control sobre los fiscales y jueces al aforarlos en los tribunales cuyos miembros decidían los vocales del CGPJ, a su vez nombrados por los políticos. También se aforaron los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, los vocales del CGPJ, los miembros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos. La familia crece.

Además de la presión hacia los jueces que quieran prosperar, si los aforados solo pueden ser juzgados por jueces elegidos indirectamente por los políticos, dado que estos tienen como prioridad encubrir los delitos de los aforados, el aforamiento se convierte en una prerrogativa que fomenta la irresponsabilidad ante los jueces y la impunidad que impulsa la comisión de delitos que sean encubiertos por los políticos. ¿Ven como sí‑es‑un‑puto‑privilegio?

Añadido a todo ello, los políticos de los gobiernos y parlamentos autonómicos del PSOE, PP y nacionalistas se aforaron a ellos mismos y a sus correspondientes Defensores del Pueblo con cada Estatuto de Autonomía.

La figura del aforamiento impulsa la impunidad y la corrupción, siendo esta última la causa única de la «decadencia española» (cada día se vive peor), reflejada en las cifras oficiales, esas que tan bien saben manipular ellos y que nos tragamos nosotros como papilla informe. Esa actitud suya y esta condescendencia nuestra es lo que nos ha llevado a la decadencia moral y política, y quizá lo más grave de todo es que una generosa mayoría sigue votándolos. ¡Ay!