El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará hoy, lunes, al exgerente del Partido Popular (PP) Cristóbal Páez y al arquitecto Gonzalo Urquijo, que renovó la sede de Génova entre los años 2005 y 2011, para preguntarles si conocían la existencia en la formación de una "contabilidad paralela o en B" que se habría desarrollado de forma "continua en el tiempo".

Ruz llegó a esta conclusión en un auto dictado el pasado 22 de noviembre en el que ponía de relieve, a partir de un informe policial, la coincidencia de tres pagos por valor de 888.000 euros, computados en 2008 en la supuesta contabilidad opaca del extesorero Luis Bárcenas, que coincidían con anotaciones halladas en el registro de la empresa Unifica, que llevó a cabo las obras de Génova.

El instructor apuntaba que de esta forma se confirmaba "a nivel indiciario" la existencia de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos" en el PP al margen de su contabilidad oficial que habría sido utilizada para pagar a Urquijo, al que imputó como autor de un delito contra la Hacienda Pública del que habrían sido cooperadores necesarios tanto Páez como Bárcenas.

También señalaba que, además de la "eventual responsabilidad tributaria", estos hechos podrían "conducir a confirmar la presencia de indicios de presuntos delitos de falsedad documental o contable, todo ello sin perjuicio de ulterior valoración".

Además de Urquijo y Páez, el juez ha citado a declarar como testigos a las trabajadoras de Unifica María Rey Salinero y Laura Montero Almazán, que habrían mantenido contactos por correo electrónico con responsables del PP por las reformas de la sede, y al exjefe de Seguridad 'popular' y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente, quien "habría participado en el seguimiento y decisiones" sobre esta reforma.

"Veracidad" de tres apuntes
El informe policial fue elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a partir del registro de la sede de Unifica en la calle Conde de Peñalver de Madrid, que se produjo el pasado 27 de septiembre. Allí, se halló una factura de 195.000 euros por obras en la planta segunda de Génova que en los papeles del extesorero fue consignada como una salida cuyo beneficiario era 'Gonz. Urquijo'; así como otro recibo de 232.000 euros (235.000 en la contabilidad B para 'G.U.') relativo a las obras en la planta tercera.

En relación con los trabajos que se acometieron en las plantas cuarta y quinta, se incautó una factura por importe de 560.895,35 euros que coincidiría, según los papeles del extesorero, con dos salidas para 'G.U.' y 'Gonzalo (arquitecto)' de 200.000 y 258.000 euros, respectivamente.

Además, el juez Ruz ordenó la realización de una prueba pericial caligráfica sobre varios documentos manuscritos y un cuaderno incautados en el despacho de Urquijo en el que aparecían anotaciones sobre los pagos realizados por el PP. "He recibido de D. Luis Bárcenas la cantidad de 200.00 euros (sic) en concepto de pago complementario de la factura, de la planta 4ª con la que queda cancelado dicha factura", señalaba una de las anotaciones. Las otras dos indicaban: "Pierde el recibí Contabilidad y me hacen recibí en mano en Octubre, 235.000" y "Pierden recibí en obra piden les firme. En diciembre".

Críticas a la UDEF
El PP, que no está personado en esta causa, remitió el pasado 2 de diciembre un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que cuestionaba a este organismo policial por "creer a pies juntillas lo que escribe o dice un imputado en prisión por la supuesta comisión de graves delitos, entre los que está la falsedad documental y la estafa", en referencia a Bárcenas. No parece muy propio de un informe policial solvente", aseguraba.

Los 'populares' sostienen que la resolución del juez Ruz, que daña "gravemente la imagen" de la formación, se basa en "un informe parcial, provisional y de avance" de la UDEF en el que se utilizan "simples presunciones (precisamente las más alejadas de la lógica)" pero no se examinan "los documentos, datos y registros contables" aportados por la formación.