Montar este complicado asunto en estos momentos, nadie lo entendería; solo planteándose frente a una catástrofe de grandes proporciones podría verse algo de luz. Pero no ahora, sin argumentos claros y sólidos que cualquier ciudadano no pueda entender, el gobierno de Rajoy pretende sacar un proyecto de ley que, sin necesidad de razonar demasiado se ve a todas luces un sinsentido.

Primero, porque el fondo del tal proyecto tendría los vigilantes jurados casi con las mismas facultades que la Policía Armada o la Guardia Civil, cuyas exigencias físicas y preparación para llevar a cabo sus cometidos profesionales, difieren bastante unas de otras.

Segundo, que el PP vuelve con esa insistencia de privatizar la función pública, algo por lo que este gobierno parece tener pasión.

Y tercero, que, pese a su escasa necesidad en estos instantes, dada la importancia de un proyecto de ley de esta naturaleza, habría de ser consensuada por total de los partidos que componen la cámara.

Con todo, desde mi punto de vista, se trata de un híbrido –poco serio- y cuya ambigüedad deja al descubierto todo tipo de interpretaciones, ya que se dan casi las mismas funciones a agentes privados (con todo el respeto a estos agentes privados) como a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado. Por lo que para que este importante paso tuviese sentido se habría de tener un cuidadoso encuadramiento.

Por otra parte, visto con toda frialdad, no creo que en estos momentos sea necesario dar este paso, cuando lo primero que se observa es un nuevo recorte (en este caso, recorte en las libertades del ciudadano), algo de capital importancia en una democracia, a cambio de una especie de privatización. E incluso podría entenderse -dentro del cuerpo de la policía y de la guardia civil- como un agravio comparativo. Pues no se puede obviar que las funciones de los agentes privados nunca serían comparadas con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y este desnivel de facultades, en plena acción de trabajo, podría acarrear serias ambigüedades. Ambigüedades que en serios asuntos puede acarrear ciertos conflictos.

Y todo esto al fin para qué. ¿Acaso no sería preferible ir un poco más despacio, y dejar este asunto para más adelante, cuando se pueda aumentar el número de policías y de guardias civiles? Que, por cierto, salvo contadas excepcionales, en momentos de necesidad realizan siempre un trabajo impecable.