Mantener el orden público es fundamental en cualquier Estado democrático de Derecho, y la primera obligación de todo gobierno reside en garantizar la convivencia democrática dentro de la ley de leyes, o sea de la Constitución, pues el imperio de la norma está para ser cumplida por todos, ya que es la expresión de la voluntad popular. Por ello, la violencia hay que condenarla siempre. Los hechos violentos no pueden quedar impunes y las instituciones están obligadas a colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones armónicas entre todos los pueblos. El fanático radicalismo que impera hoy en la Comunidad Autónoma Catalana, debe cesar cuanto antes. Necesitamos otro espíritu más conciliador, dentro de ese carácter democrático de Derecho, que se ha de centrar en las personas, proporcionando entornos efectivos de respeto y consideración, con la aceptación global de los valores.

Tenemos la fortaleza que nos da la propia norma al concebir la indisoluble unidad de la Nación española, patria de todos, donde ya se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todos los pueblos, respetando eso sí, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones. En consecuencia, hemos de ser contundentes a la hora de imposibilitar que las amenazas se propaguen y se continúe deteriorando la imagen de una España fiel a los valores superiores de su ordenamiento jurídico, a ese espíritu libre, justo, igualitario y enriquecedor por su carácter plural.

La atmósfera de crueldades violentas que se esparcen por doquier ciudad o pueblo catalán, rompe la convivencia y esto tiene que ser impedido en todo momento. El Estado de Derecho tiene armas suficientes para que finalicen de una vez por todas. Ya está bien de tantas vueltas y revueltas terroríficas, pongamos calma y activemos la aplicación de la ley con su peso en el cumplimiento de la norma. El diálogo no puede surgir ajeno a ese espíritu normativo constitucional. Necesitamos otros acordes más equitativos, de justa concordia para combatir la siembra de odio y violencia que algunos gestan en su diario existencial. Cataluña forma parte de España, y como tal, sus ciudadanos y también sus poderes públicos, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Hagamos valer el Estado de Derecho en Cataluña.

La vía del diálogo solo es posible respetando determinadas reglas de juego que entre los españoles nos hemos dado, justo el día en que las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la seguridad jurídica, a través del principio de legalidad. Por tanto, una minoría no puede imponer reglas a su antojo, en una sociedad democrática avanzada como es la española, y máxime propiciando que multitud de personas se vean atrapadas en situaciones crueles, de incertidumbre y desesperación. Lo último que necesita cualquier país es verse acrecentado por olas violentas radicales, que lo único que generan son sufrimiento y huida de personas afectadas. La comunidad autónoma catalana, hoy más que nunca, requiere de sus gobiernos estabilidad y prevención de los conflictos. Sin duda, con la destrucción de las instituciones democráticas, y el menoscabo del Estado de Derecho, lo que prospera son las ideologías extremistas, y por ende, el sectarismo y la rebeldía. Es público y notorio que cuando las sociedades no son respetuosas y cuando los gobiernos no son responsables, es difícil avanzar, porque surge el discurso del odio y las violaciones a los derechos humanos. Espinoso poder trabajar así la ciudadanía, unidos en la construcción de un futuro mejor para todos, por mucha creatividad que le pongamos.