No me cansaré de insistir en que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas desconoce la realidad de la zona rural; incluso voy más lejos: no tiene una idea asentada de lo que es la realidad de España. Eso es muy grave porque del señor Montoro dependen los impuestos y con el dinero público no se juega con irresponsabilidad, porque acaban ‘floreciendo’ la malversación y la corrupción en toda su extensión.

Aún colea la intervención de Cristóbal Montoro en la Interparlamentaria de Salamanca durante el fin de semana pasado. Hay división en el PP y no hay visos de que se llegue a un acuerdo, salvo que se imponga ‘manu militari’. Pero, en ese caso, la división se manifestará en forma de dimisiones y abandono del partido por parte de alcaldes, concejales y procuradores autonómicos.

El esperpéntico espectáculo que da Montoro cada vez que habla de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local es para nota, pero para nota de “insuficiente” o “necesita mejorar”. Más aún cuando se siente jaleado por algunos presidentes de diputaciones; unos presidentes que han pasado de ‘llorar’ -- porque se pedía desde todos los foros la desaparición de esos organismos provinciales, convertidos en ‘recogedero’ de cargos de partido-- a efectuar brindis múltiples cada vez que Montoro arrima su verbo e intención a multiplicar el poder de quienes ahora se sienten virreyes en las provincias.

No puede ser ni se debe consentir que los pueblos pequeños se queden sin funciones. No quiero imaginarme a mi pueblo, Portillo, metido en ese redil de poblaciones que se quedarán sin funciones ni apoyo de programas educativos y sanitarios, con la consiguiente emigración de población. No quiero ni puedo imaginarme que se quede sin servicios básicos. ¿Por qué?.

Pues miren ustedes qué fácil es contestar a esa pregunta: hay numerosos presidentes de diputación, y el propio ministro Montoro, cuya pretensión es que las competencias de sanidad y educación que ahora tienen los ayuntamientos pasen a las comunidades autónomas. Tales comunidades han demostrado que no son solución a nada y de nada, pero sí son parte del problema y de la profunda crisis del Estado, sobre todo por las cuentas deficitarias y las ridículas inversiones que presentan ejercicio tras ejercicio. Sigo con la explicación: como son parte del problema, lo van a seguir siendo en mayor medida, porque tan pronto como tengan esas competencias reclamarán al Estado los fondos que éste envía a los ayuntamientos para cubrir las necesidades educativas y sanitarias, cuyo montante de gasto es tremendo y necesario. En caso de no recibir ese dinero del Estado, cada autonomía cerrará el grifo y echará la culpa a ‘papá’ Estado. En definitiva: el dinero no llegará a los pueblos y estos empezarán a despoblarse lentamente y a ser un problema añadido.

No es lo mismo los pueblos de Madrid, Barcelona o Valencia que los de mi Castilla natal. Quienes de verdad ‘sufrirán’ serán los de Castilla y León, Extremadura, Asturias, Rioja, Galicia,… No hay que ser muy listos para saber que el Partido Popular se va a quemar con su nefasto y arcaico anteproyecto de Ley de Reforma de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Respecto al anteproyecto citado hay una manifiesta división interna entre alcaldes del PP y ‘señoritos’ titulares de muchas diputaciones, además de comprobar que esa descoordinación lleva aparejada una evidente falta de unidad de criterios. No dudo que, salvo marcha atrás y corrección de muchos puntos del mismo, el Partido Popular está acumulando leña para incendiar, y posteriormente dinamitar, el municipalismo. Ante semejante barbaridad, a nadie deben sorprender las recientes declaraciones de José María Aznar.