Perdonen el lioso título de la columna, pero la culpa se la endilgan a los de la FEMP, que es la inútil pero carísima Federación Española de Municipios y Provincias. Y es que a los señores alcaldes de tal organización les parece fatal, horrible y casi se les escapa “ultraliberal salvaje”, que el Tribunal Constitucional, sin duda en un memorable descuido -ya se sabe que el alto órgano político no suele estar desde épocas de Rumasa, que es casi el principios de los tiempos, para hacer el bien- haya derogado ese avance ultraprogresista denominado “Ley de Grandes Ciudades”. Invento que permitía al alcalde de turno designar concejales a dedo. ¡Qué osadía la del Constitucional al afirmar que sólo las personas elegidas por los vecinos pueden gobernar el pueblo o ciudad! ¡Intolerable!.

Me dirán ustedes que la cosa, en un país en donde no existe representación y los vecinos no votan siquiera a su alcalde o presidente, sino una lista cerrada y bloqueada de algún partido de los de la cupulocracia oligárquica, es de matiz. Y tienen razón, puesto que, puestos a cercenar la libertad política, poco importa ya hacerlo tan descaradamente como lo hacía esta ley. Norma aprobada por el último gobierno de José María Aznar para dar satisfacción al manirroto Alberto Ruíz Gallardón, quien por entonces era el colmo del progresismo de derechas, como recordaba a sus lectores día sí y día también el diario “El País”.

Empero, el mosqueo de los oligarcas porque se les ha denegado un poquito la posibilidad de seguir nombrando amiguetes a dedo es significativo.

Hay que tener la cara muy dura, como la de los de la FEMP, para hablar de modernización en relación a una ley a todas luces antidemocrática. Claro que para caraduras los alcaldes que andan recolocando a los afectados por la decisión del Constitucional en los propios consistorios. Total, pagamos los de siempre.

Esto es jauja. Una jauja sin libertad política y en donde los oligarcas cada vez disimulan menos o se les nota más. Y la FEMP, que la cierren.