Todos los grupos de la oposición en el Congreso han expresado este jueves su rechazo a la convalidación del decreto ley de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, y han reclamado que se tramite como proyecto de ley para poder introducir modificaciones.

La socialista Isabel López i Chamosa ha criticado que el Gobierno 'popular', "con cada decreto ha metido alguna norma que merma las pensiones futuras" y la protección social de los desempleados de más edad, porque su objetivo real es "llevar a un cambio del sistema público de pensiones" que el PSOE "no está dispuesto a aceptar".

Por eso, ha llamado al PP a permitir tramitar el decreto como proyecto de ley para poder debatir, "que no imponer", las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema pero respetando el "reparto de solidaridad intergeneracional". "Tienen ustedes mayoría absoluta, no tienen que tener miedo al debate", ha recordado.

"Precarizan el presente y joroban el futuro"
Además, ha rechazado todas las medidas que se incluyen en esta norma, comenzando por el recorte en el acceso a los subsidios para mayores de 50 años, que será "humillante" para quienes "habiendo cotizado toda la vida tendrán que vivir de la solidaridad de sus familiares", y ha pronosticado que muchas personas con periodos sin cotizar acabarán con una pensión mínima.

Asimismo, López i Chamosa ha asegurado que la reforma no evitará que se despida a mayores de 50 años en los despidos colectivos sino que, antes al contrario, seguirá ocurriendo pero con un menor coste para las empresas; y ha reconocido que el Pacto de Toledo recomienda mejorar las posibilidades de compatibilización entre trabajo y pensión "pero no con seis millones de parados".

"En campaña electoral decían algunos de ustedes que el PP era el partido de los trabajadores; suerte, porque desde que han llegado al Gobierno sólo han precarizado su presente y han jorobado su futuro. ¿A dónde quieren llevar el país? ¿No se dan cuenta de que la gente les dice basta porque no pueden admitir más recortes? Negociemos cambios, pero sin que supongan un recorte brutal para las futuras pensiones", ha concluido.

"Inconstitucional, injusto e innecesario"
El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha afirmado que el decreto es "inconstitucional, injusto socialmente, políticamente cínico y innecesario", fundamentalmente porque "si hay algún problema en la Seguridad Social no está en la Seguridad Social, sino en una economía asfixiada por una austeridad suicida y un mercado con menos empleo y más precario".

"No es recortando los derechos en pensiones como sacaremos adelante la Seguridad Social, sino actuando sobre el verdadero problema", ha dicho, acusando al Gobierno de "inventarse un problema con falsedades y medias verdades" para "justificar lo injustificable" y defender unos cambios "obligados por la troika". Además, ha afirmado que el Gobierno "acosa" a los mayores de 50 años y ha advertido de que prolongar la vida activa perjudicará al acceso de los jóvenes al mercado laboral precisamente cuando el paro marca récords.

Sabino Cuadra, de Amaiur, ha criticado que mientras el Gobierno "baja salarios, pensiones y ayudas sociales" permite que los beneficios empresariales crezcan, con el objetivo de "privatizar" las pensiones. Por su parte, Olaia Fernández Davila (BNG) ha criticado las "mentiras" del Gobierno para justificar un decreto "muy malo" que "lo único que hace es castigar con saña" a los jubilados o quienes están a punto de serlo.

Ana Oramas (CC-NC) ha señalado que el decreto es "un nuevo engaño" y "debilitará progresivamente las pensiones" a través del "atajo" de "endurecer las anticipadas y pagar menos cuantías"; y el portavoz de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha dicho que decreto va "en contra de la gente" y supone "una coartada para que la gente deje de confiar en el sistema público y privatizar las pensiones".

Reformar sí, pero no así
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, coincide en la necesidad de acercar la edad legal y real de jubilación y prolongar la vida activa, aunque apuesta por que se haga "de forma voluntaria e incentivada" en lugar de introducir rigidez en el sistema. Por eso, ha avanzado el voto en contra de su grupo a no ser que se acepte la tramitación como proyecto de ley y la retirada de las medidas que afectan a los trabajadores de más edad.

Además, ha apostado por incentivar el uso de la jubilación demorada y ha criticado que los cambios en la jubilación parcial han sido "suaves" frente al "mayor endurecimiento" introducido para la anticipada voluntaria.

El portavoz de Empleo de CiU, Carlos Campuzano, ha anunciado su voto en contra porque se trata de una propuesta "injusta", ya que "castiga a los trabajadores de más edad; "innecesaria" porque modifica una reforma que ya se había aprobado; y que parte del "grave error" de "confundir los problemas que hoy tienen las pensiones, que no son tanto impacto de la demografía como de la crisis y paro".

"Las respuestas que se necesitan a medio y largo plazo no pueden estar tan condicionadas por las urgencias de la situación económica que vive España, y las respuestas en el corto plazo tienen que ver con una política económica orientada al crecimiento y a la creación de empleo. La demografía no es hoy nuestro reto, aunque lo será en el medio y largo plazo", ha añadido.

Emilio Olabarria, del PNV, ha afirmado que "para ser pensionista algún día hay que hacer algo distinto de estas medidas" porque, reconociendo que hay tensiones por razones demográficas y que algunos de los cambios son positivos, en su conjunto el sistema "está hecho unos zorros", por lo que ha pronosticado que en pocos años no habrá Fondo de Reserva dado que el déficit estructural es ya el previsto para 2025.

Tras afirmar que "presupuesto tras presupuesto se está produciendo una reforma invisible del sistema" con el incremento de las bases mínimas, ha avisado de la inconstitucionalidad de los cambios en el subsidio de desempleo. Finalmente, ha instado a todas las formaciones a "regenerar el Pacto de Toledo" para alcanzar acuerdos.

"Sería irresponsable no reformar las injusticias detectadas"
La diputada 'popular' Carolina España ha replicado que el debate en el seno del Pacto de Toledo "está muy vivo", y ha defendido que este decreto trata de solventar problemas que seguían vigentes tras la Ley 27/2011, dada la realidad de que "por cada persona que quiere seguir trabajando pudiendo jubilarse hay siete que se jubilan anticipadamente". "A efectos de la sostenibilidad del sistema sirve de muy poco retrasar la edad de jubilación si más del 50% son anticipadas", ha recordado.

Además, ha asegurado que los coeficientes no tienen como objetivo reducir la pensión sino "hacer el sistema más justo" y "frenar los abusos" porque "ahora se premiarán las carreras de cotización más larga" en lugar de permitir "acceso privilegiados" a la jubilación parcial y terminar con el "lema de 'yo invito, que paga la Seguridad Social'".

"Sería gran irresponsabilidad del Gobierno que, habiendo detectado errores, imprecisiones, injusticias en la legislación se mantuvieran las disposiciones en vigor. Por supuesto que se ha dado una oportunidad a las previsiones de la Ley 27/2011 que son adecuadas para el sistema, pero las que tienen efectos perniciosos hay que modificarlas por responsabilidad", ha zanjado España.

Tras recordar que fue el PSOE el que aumentó en dos años la edad de jubilación "con el único apoyo de CiU", la diputada ha defendido la necesidad de ajustar también el acceso a la pensión anticipada y parcial. Finalmente, ha pedido a los socialistas que "arrimen el hombro para crear un sistema".