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La comercialización y el uso abusivo del término desvirtúan su significado

La esencia del protocolo es su oficialidad

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Si teclea la palabra protocolo en el buscador de noticias de Google, le aparecerán titulares con este término en referencia a procedimientos o procesos. Pero no quiero hablarles sobre este protocolo. Quiero mostrarles el protocolo capaz de aliar y enemistar instituciones oficiales.


Desde el año 1750 a. de C. se tiene constancia documental sobre la existencia del protocolo gracias al Código de Hammurabi. Un documento jurídico esculpido en roca de diorita y con forma de monolito de 2,25 metros de altura y con una base de 1,90 metros de circunferencia. En escritura cuneiforme se pueden leer leyes relacionadas con la familia, la propiedad, el honor o la buena fama: «Si un hombre señala con el dedo a una sacerdotisa o a la esposa de otro hombre, y luego no lo prueba, a ese hombre que lo azoten ante los jueces y le rapen media cabeza».


Salvando las distancias y la cultura, el protocolo del siglo XXI sigue siendo aquel conjunto de reglas establecidas por norma o costumbre. Su campo de actuación es el oficial, único ámbito con potestad de redactar y aprobar leyes. En este sentido disponemos del derecho de protocolo y del derecho premial. El primero regula las ceremonias oficiales, las precedencias, los símbolos oficiales y los tratamientos honoríficos. El segundo se refiere a las condecoraciones y a los títulos nobiliarios.


El protocolo nos marca en qué circunstancias la bandera de España debe ondear, por ejemplo. O cuál es el tratamiento que le corresponde al jefe del Estado español. También nos indica el lugar que le corresponde ocupar al presidente de la Comunidad Valenciana con respecto al resto de autoridades. E incluso, nos impone la fórmula a leer en determinadas ceremonias oficiales.


El protocolo es legislación.


En definitiva, el protocolo es legislación. Y esta es la identidad del término. Por desgracia, el uso abusivo del mismo dentro del ámbito del protocolo, el ceremonial o la organización de actos, desvirtúa su significado. Protocolo social, protocolo empresarial, protocolo deportivo, protocolo cultural, etc., son algunas de las combinaciones que están ya arraigadas en esta materia de estudio y en el contexto profesional.


En el ámbito profano no discuto el uso de estos términos. Sin embargo, en el mundo academicista debemos ser más rigurosos. En la realidad universitaria se habla de estas clases de protocolo con bastante ligereza. Sobre todo, como sinónimos de reglamento deportivo o empresarial. No me manifiesto en contra de estas calificaciones, pero debemos tener asumido que no estamos haciendo un uso correcto. Y debemos mostrar a nuestros alumnos esta discrepancia. Estrictamente nunca podrá existir un protocolo empresarial ya que la empresa no tiene autoridad para aprobar leyes, y lo mismo ocurre con el resto.


El protocolo es la legislación que se aplica a ceremonias y actos oficiales solemnes. Y da igual que se aplique en un estado absolutista como el de Hammurabi, rey de Babilonia, o en un estado de derecho como España, Estado social y democrático de Derecho.

La esencia del protocolo es su oficialidad

La comercialización y el uso abusivo del término desvirtúan su significado
María del Carmen Portugal Bueno
jueves, 22 de noviembre de 2018, 08:32 h (CET)

Si teclea la palabra protocolo en el buscador de noticias de Google, le aparecerán titulares con este término en referencia a procedimientos o procesos. Pero no quiero hablarles sobre este protocolo. Quiero mostrarles el protocolo capaz de aliar y enemistar instituciones oficiales.


Desde el año 1750 a. de C. se tiene constancia documental sobre la existencia del protocolo gracias al Código de Hammurabi. Un documento jurídico esculpido en roca de diorita y con forma de monolito de 2,25 metros de altura y con una base de 1,90 metros de circunferencia. En escritura cuneiforme se pueden leer leyes relacionadas con la familia, la propiedad, el honor o la buena fama: «Si un hombre señala con el dedo a una sacerdotisa o a la esposa de otro hombre, y luego no lo prueba, a ese hombre que lo azoten ante los jueces y le rapen media cabeza».


Salvando las distancias y la cultura, el protocolo del siglo XXI sigue siendo aquel conjunto de reglas establecidas por norma o costumbre. Su campo de actuación es el oficial, único ámbito con potestad de redactar y aprobar leyes. En este sentido disponemos del derecho de protocolo y del derecho premial. El primero regula las ceremonias oficiales, las precedencias, los símbolos oficiales y los tratamientos honoríficos. El segundo se refiere a las condecoraciones y a los títulos nobiliarios.


El protocolo nos marca en qué circunstancias la bandera de España debe ondear, por ejemplo. O cuál es el tratamiento que le corresponde al jefe del Estado español. También nos indica el lugar que le corresponde ocupar al presidente de la Comunidad Valenciana con respecto al resto de autoridades. E incluso, nos impone la fórmula a leer en determinadas ceremonias oficiales.


El protocolo es legislación.


En definitiva, el protocolo es legislación. Y esta es la identidad del término. Por desgracia, el uso abusivo del mismo dentro del ámbito del protocolo, el ceremonial o la organización de actos, desvirtúa su significado. Protocolo social, protocolo empresarial, protocolo deportivo, protocolo cultural, etc., son algunas de las combinaciones que están ya arraigadas en esta materia de estudio y en el contexto profesional.


En el ámbito profano no discuto el uso de estos términos. Sin embargo, en el mundo academicista debemos ser más rigurosos. En la realidad universitaria se habla de estas clases de protocolo con bastante ligereza. Sobre todo, como sinónimos de reglamento deportivo o empresarial. No me manifiesto en contra de estas calificaciones, pero debemos tener asumido que no estamos haciendo un uso correcto. Y debemos mostrar a nuestros alumnos esta discrepancia. Estrictamente nunca podrá existir un protocolo empresarial ya que la empresa no tiene autoridad para aprobar leyes, y lo mismo ocurre con el resto.


El protocolo es la legislación que se aplica a ceremonias y actos oficiales solemnes. Y da igual que se aplique en un estado absolutista como el de Hammurabi, rey de Babilonia, o en un estado de derecho como España, Estado social y democrático de Derecho.

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