Puede que a alguien le llame la atención el que el mayor rotativo catalán se haya enzarzado en semejante y comprometido enredo, pero sólo se pueden extrañar de ello los que no sepan que, la Generalitat, dota de importantes subvenciones a este diario para publicar su edición en catalán y otras, precisamente por sus relaciones, no nos atrevemos a calificarlas de espurias, con quienes se han convertido, a través de los años, en los detractores más fanatizados de España y del resto de los ciudadanos españoles, incluidos, como no, los millones que siguen residiendo en la comunidad catalana, considerados como ciudadanos de segunda y debiendo soportar que, Cataluña, se haya convertido en el paraíso de la delincuencia, del incivismo y de los proyectos absurdos de los partidos independentistas y de los comunistas, como Ada Colau, empeñados en darle el vuelco al sistema democrático establecido por la vigente Constitución de 1987.

En realidad, el periódico catalán no sólo ha decidido permitir que este comiquillo de vía estrecha, Dani Mateo, pueda argumentar los motivos de su metedura de pata, cargada de malicia y odio hacia España, que no tuvo inconveniente en demostrar, como suelen hacerlo todos estos que piensan que, porque presumen de intelectuales, sin ninguna de las cualidades que les permitirían fantasear de ello, todo les está permitido; en función de esta, desorbitada y excesivamente valorada, libertad de opinión y de expresión, que le sirva para desfogar sus más ruines instintos, descargando su bilis simulando que se estaba sonando su nariz con la insignia nacional. Un acto gratuito, desprovisto de todo posible sentido de comicidad y con connotaciones separatistas y de desafío al Estado, con la evidente intención de intentar doblegar, enfadar, irritar y encender nuevos odios en aquellas personas que han estado soportando, con estoicismo, viendo como cada día se va degradando más una nación, en la que son sus propios gobernantes los que propician que las leyes y la autoridad se vayan difuminando en el caos que vienen propiciando aquellos que, como los separatistas y comunistas, se han extendido por el país, tienen fijados sus objetivos en acabar con la democracia e implantar lo que ellos califican de república democrática y que, un republicano de derechas, sabe perfectamente que no sería más que una repetición de la penosa república del Frente Popular que, con sus debilidades, el chantaje al que fue sometida por los anarquistas de los sindicatos, y la falta de una dirección firme, moderada y decidida a mantener el orden en toda España, dio lugar a los acontecimientos criminales que fueron los que propiciaron el levantamiento del 18 de julio de 1936.

Dos páginas del diario catalán sirvieron al articulista de La Vanguardia, Justo Barranco, para intentar dejar a su entrevistado argumentar sobre su concepto de lo que es la “libertad de expresión”, según su particular criterio, para permitir al autor del desaguisado que expusiera su personal idea de lo que han sido los cambios políticos que, según su corto entendimiento, han permitido que una democracia como la española, reconocida por todo es resto de las naciones, debiera plegarse a las ideas de las minorías, siempre dispuestas a abolir la Constitución para imponer el tipo de gobierno – evidentemente de izquierdas anárquicas – donde, supuestamente, el sistema asambleario sería el más oportuno para gobernar el país (una idea absurda y que se ha demostrado que, en cualquier lugar donde se ha intentado aplicarlo, los resultados han sido la pobreza, el desorden, el desprestigio y finalmente la miseria). Si alguno se emperra en desmentirnos no tiene más que intentar hacer un recorrido por las naciones que siguen intentando imponer la dictadura del proletariado y ver su situación respecto a las que mantienen la libertad y el sistema de gobierno que da rienda suelta a la iniciativa personal, el mérito, el esfuerzo y el trabajo como medio de crear riqueza, permitiendo la libertad de opinión siempre regulada por las leyes; impidiendo que, los experimentos comunistas, puedan impedir el bienestar de sus ciudadanos y el desarrollo económico del país.

Sin embargo, hay motivos más que suficientes sobre la particular influencia y responsabilidad que periódicos catalanes como La Vanguardia, televisiones como la TV o emisoras como Radio Cataluña,( tres ejemplos de aquellos medios de comunicación que han tenido una influencia mayor en convocar a los ciudadanos catalanes en torno a las ideas políticas del señor Artur Mas, Junqueras, Puigdemont, Torra, Cuixart, Marta Rovira o Sánchez) han tenido en la actual situación de Cataluña, sin dejar de lado a las veteranas de la ERC, como la periodista Pilar Rahola, habitual columnista de la Vanguardia, cuyos artículos son un ejemplo de más tóxico independentismo, siempre adornados por el sectarismo propio de quien sigue sufriendo los efectos de la cerrazón política más absurda, de modo que, como hoy mismo se ha permitido decir no le importa desbarrar siempre que, con ello, arrima el ascua a su sardina: “No deberían juzgar a Forn y a Trapero, sino a quienes comandaron a la Guardia Civil y a la policía” Le ha faltado aclarar si es a la policía nacional o a la catalana a la que debiera enjuiciarse ya que, en este último caso, los mossos desempeñaron un protagonismo digno de “resaltar”, desempeñando un papel tan “brillante”, dejando que, los dos cuerpos de las fuerzas de orden del Estado, tuvieran que bregar, en solitario y con inferioridad de medios y condiciones, para intentar impedir que los catalanes cometieran un delito, votando en contra de las prohibiciones existentes dictadas por el TC y el Congreso de la nación española. Sin embargo, fue el PSOE del señor Sánchez el que no permitió que, cuando se aplicó el 155 a Cataluña, se intervinieran a los principales medios al servicio del separatismo que, pese al control del Estado, siguieron repartiendo consignas, criticando al Estado y lanzando fake news a diestro y siniestro, calificando al Gobierno español como antidemocrático, dictatorial y opresivo cuando, la realidad era que, una simple región de un Estado democrático, estaba intentado dar un golpe de fuerza, desobedeciendo la Constitución y la mayoría parlamentaria, utilizando medios como: la desobediencia a las leyes, a las sentencias de los tribunales, al propio TC y el Código Penal; incurriendo en delitos de la gravedad de los de sublevación y secesión, dos de los más graves delitos que se pueden cometer en contra del Estado de derecho de un país. Todo lo demás que intenten argumentar los revoltosos, no son más que una colección de falsedades e inventos encaminados a crear confusión, especialmente destinados a impactar en los gobiernos extranjeros, algo que, hasta ahora han sido incapaces de conseguir.

Y un apunte más. La campaña contra el actual presidente del TS, señor Carlos Lesmes, evidentemente interesada y promovida por la izquierda, con el apoyo inestimable del señor Sánchez, forma parte de la que este señor tiene prevista en cuanto a la desacreditación del TS con el objeto de poner al frente del mismo lo que ellos mismos han calificado como su intención de que “la cúpula judicial la dirija una mujer (una concesión al feminismo imperante) con voluntad de diálogo”. Algo que ya en sí comporta una pegunta a nuestro juicio fundamental: ¿Se trata de que las leyes, de ahora en adelante, se intenta que se apliquen previo consenso de las partes – como se entendería lo de la voluntad de diálogo- o de que el tribunal, en este caso el Supremo, se limite a aplicar las leyes tal y como salieron del Legislativo? Una preocupante manifestación venida de un Ejecutivo, que va haciendo concesiones a troche y moche para conseguir que le aprueben unos presupuestos y que, lo que anda buscando, es que el juicio que se va a llevar a término, contra los encausados catalanes por su participación en el caso del 1.O, se resuelva con la absolución de los acusados, que es lo que le vienen pidiendo los soberanistas catalanes para apoyar los cacareados PGE del 2019. ¿No sería preferible que, como pide el PP, se tratase de una persona de gran valía, honesta, independiente, y además, ser “un jurista de mucha autoridad”?, que es, precisamente, lo que está necesitando el TS, después de la situación desairada en la que le han dejado los temas que tratan de quién debe ser el destinatario del pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentado, en el caso de las hipotecas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, nos vemos en la obligación de resaltar la importancia de que el estamento judicial mantenga la relativa independencia de la que goza actualmente ( siempre hay caso que rechinan como ha sido el de este auto del TSJC con referencia a la actuación de los guardias civiles, durante las operaciones del 1.O, un verdadero bodrio jurídico que debiera merecer la intervención inmediata del Consejo General del Poder Judicial para llamar al orden al ponente que se atrevió a firmar semejante panfleto.

En realidad, la serie de acontecimientos que apenas nos da tiempo de intentar valorar, parece que todos van enfocados hacia un mismo fin. Un fin que se proponen las izquierdas españolas destinado a tumbar la actual Constitución de 1978, de establecer un gobierno de izquierdas, de suprimir las libertades, de incrementar los impuestos y de seguir engañando al pueblo pintándole a la España del futuro como una especie de país de Jauja donde todo el dinero que prometen en concesiones de tipo social caiga como maná del cielo y no grave de forma insostenible nuestra deuda pública, como ya se nos advierte desde Bruselas.