De acuerdo con la segunda edición del Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad (Índice CRI) elaborado por Oxfam y Development Finance International (DFI), Nigeria y Singapur son algunos de los países cuyos Gobiernos están implementando políticas que incrementan la desigualdad.

El Índice CRI hace una clasificación de 157 países conforme a sus políticas tributarias, de gasto social y de derechos laborales, tres áreas clave para reducir la desigualdad según Oxfam y DFI. El índice evidencia una clara diferencia entre los Gobiernos de países como Corea del Sur, Indonesia y Georgia, que están adoptando medidas positivas para reducir la brecha entre ricos y pobres, y aquellos que no están haciendo sino acrecentarla. No obstante, todos los países, incluso aquellos que lideran la clasificación, podrían adoptar medidas más ambiciosas.

Con el fin de mejorar la metodología utilizada el año anterior, en este nuevo índice se han incluido nuevos indicadores sobre elusión fiscal y prácticas fiscales agresivas y sobre violencia contra las mujeres, y se han utilizado bases de datos más actualizadas. El nuevo indicador sobre violencia de género revela que, a pesar de los importantes logros alcanzados en los últimos meses gracias al movimiento #MeToo y a otros movimientos de defensa de los derechos de las mujeres, menos de la mitad de los países cuenta con leyes contra el acoso y la violencia sexual.

El índice muestra, por ejemplo, que Singapur se encuentra entre los 10 últimos países en cuanto a la reducción de la desigualdad a pesar de ser una de las naciones más ricas del mundo. Nigeria, por segundo año consecutivo, ocupa el último puesto debido a su escaso gasto social, el incremento de las vulneraciones de los derechos laborales y una escasa recaudación fiscal. Por el contrario, Corea del Sur ha adoptado medidas importantes para abordar la desigualdad aumentando el salario mínimo en un 16,4%, y Georgia e Indonesia están impulsando también progresos para reducir la desigualdad. Dinamarca lidera la clasificación gracias a una larga historia de políticas que han construido un sistema tributario más progresivo, un elevado gasto social y uno de los mejores sistemas de protección de derechos de los trabajadores del mundo. Sin embargo, el retroceso en algunas de estas políticas recientemente está generando un crecimiento de la desigualdad en el país.

La desigualdad ralentiza el crecimiento económico, socava la lucha contra la pobreza y agrava las tensiones sociales. El Banco Mundial estima que, mientras los Gobiernos no aborden la desigualdad, será imposible alcanzar el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), erradicar la pobreza extrema para el año 2030. De continuar así, se estima que en 2030 cerca de 500 millones de personas seguirán viviendo en condiciones de pobreza extrema.

Matthew Martin, director de Development Finance International, ha afirmado: "Lo más sorprendente de todo es que el índice demuestra claramente que combatir la desigualdad no depende de que el país sea el más rico o su economía la más grande. Luchar contra la desigualdad solo requiere voluntad política para aprobar y llevar a la práctica medidas que traten de acortar la brecha entre los ‘súper’ ricos y los pobres. Este índice muestra claramente quién está haciendo esto y quién no".

Iñigo Macías, coordinador de investigaciones de Oxfam Intermón, afirma: "Este índice nos puede mostrar el camino de las políticas públicas para garantizar que el crecimiento económico en España sea inclusivo. Esta semana se presentan los Presupuestos Generales del Estado. Por ese motivo, esperamos ver unos Presupuestos Generales con mayores recursos tributarios y mejor invertidos en políticas sociales para reducir la desigualdad en España. Eso significaría mejorar posiciones en el CRI del año que viene”.

La situación de España

En relación a los 157 países en el ranking CRI, España ocupa el puesto 22. Sin embargo, en comparación con el resto de países de la OCDE y con otros países de renta alta, España se encuentra en la parte inferior de la lista (20ª posición entre los 35 países de la OCDE y 22ª posición entre los 47 países de renta alta analizados). Teniendo en cuenta los tres pilares considerados en el índice, el decepcionante desempeño de España se explica, principalmente, por un mercado laboral incapaz de compartir de una manera equitativa los ingresos y las oportunidades del dinamismo económico y por un sistema tributario poco progresivo y que recauda poco, tanto si consideramos su potencial, como en relación a las características del país. Estas importantes debilidades para luchar contra la desigualdad se ven levemente atenuadas, aunque de manera insuficiente, por el gasto público en educación, salud y protección social.

El esfuerzo fiscal de España se sitúa en la mitad baja del ranking y por debajo de la mitad del de un país como Dinamarca o incluso del de Hungría. El análisis del CRI muestra que el sistema tributario español se encuentra en el furgón de cola en lo que a su progresividad se refiere (tan sólo cuatro países: Irlanda, Grecia, Estonia y Eslovaquia obtienen peor resultado). Además, España todavía tiene una de las tasas de desempleo más altas entre los países de la OCDE (que afecta especialmente a las personas más jóvenes) y la mayoría de empleos creados son precarios y con salarios bajos (afectando especialmente a mujeres y jóvenes). La subida del salario mínimo a 1000 euros en 2020 sería una medida eficaz para reducir esta precariedad y con ello la desigualdad en España.