Sorprende continuar escuchando al presidente del Parlament catalán, el señor Torrent, cuando con toda la solemnidad del mundo, en este simulacro de sesión parlamentaria que se ha empeñado en escenificar este sábado, antes de que decidiese anular la sesión parlamentaria por falta de la persona que tenían el proyecto de nombrar nuevo presidente de la Generalitat, intentando sostener lo que los separatistas catalanes están intentando grabar en la mente de los ciudadanos catalanes, junto a toda una serie de tópicos, como el de que España roba a la autonomía catalana o que la lengua catalana está en peligro de extinción, simplemente porque hay españoles que están pidiendo que se cumpla el mandato constitucional de que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho de poder utilizarlo. El utilizar el concepto de derecho democrático, de intentar convertir este supuesto derecho, que indebidamente se otorgan, en un salvoconducto para saltarse las normas constitucionales, actuar en contra de los preceptos del CP o saltarse a la torera todas las sentencias y resoluciones del TS o del propio TC, no deja de ser una forma harto arbitraria, ilícita, arribista y, evidentemente ramplona de pretender atribuirse un derecho que no ha quedado avalado por ninguna de las leyes que han estado vigentes en esta nación, desde que España es una nación, algo que nos viene dado, nada más y nada menos, de cuando los Reyes Católicos contrajeron matrimonio y unieron los reinos de Castilla y Aragón, allá por el siglo XV.

La forma, evidentemente torticera, que vienen usando todos aquellos que se han pretendido erigir en portavoces de todo el pueblo catalán pretendiendo que todos los ciudadanos que viven en Cataluña están empeñados en abandonar España y que, cuando el Estado español, en uso de las facultades que le son otorgadas por la Constitución de 1978, y por la tradición de más de cinco siglos del agrupamiento de todos los pueblos de España bajo una sola bandera, un solo gobierno, unas leyes comunes y un ejército con el encargo de mantener esta unidad y de defender a la nación en el caso de que fuera necesario hacer frente a una agresión foránea o interna; usando para ello de los mecanismos legales propios de todo Estado de derecho y poniendo en marcha los mecanismo judiciales para que se erijan en los vigilantes de la legalidad y, éstos, que en cumplimiento de su deber actúan con total independencia para someter a aquellos que intentan romper la unidad del país; a la normativa que la propia democracia, por medio de sus mandatarios y organismos que la rigen, se otorgó con el fin de recomponer el orden donde hubiere sido violado y someter a los mandatos de la Justicia a todos aquellos que, cualquiera que fuere su sitio en la sociedad, hubieren tratado atentar contra la legalidad y la defensa los derechos de la ciudadanía, cualquiera que fuere la forma y los procedimientos que pretendieran utilizar para sus fines criminales.

Resulta estresante para los verdaderos españoles el estar sometidos durante años a la presión constante y, en cierta manera permitida y tolerada por las autoridades de la nación, que vienen ejerciendo aquellas regiones que siguen manteniendo por una parte de sus habitantes, este tipo de virus en que consiste el renegar de la patria en la que viven y del resto de las personas que bajo las mismas normas, parecidas costumbres, lazos de siglos y comunes experiencias, constituyen las bases en las que se cimienta la coexistencia dentro de una sociedad moderna y adelantada, en la que todos deberían colaborar para la consecución de un fin común que consiste en alcanzar la paz, el bienestar económico y la plena integración con el resto de las personas de la comunidad nacional.

Vemos, por el contrario, que determinadas tendencias políticas, grupos que siguen influidos por atavismos basados en agravios de hace siglos, de reminiscencias guerra civilistas, de absurdas reivindicaciones lingüísticas, en la actualidad carentes de sentido alguno, de revanchismos basados en pretendidas ofensas o de supuestos expolios, en muchas ocasiones sin más justificación que viejas enemistades trasmitidas a través de sucesivas generaciones; siguen marcando la idiosincrasia de determinadas regiones. Las consecuencias de haber infringido las leyes del país, de haberse empecinado en mantener viejas reivindicaciones identitarias o en buscar ofensas en lo que frecuentemente solo suelen ser malentendidos fácilmente solucionables, si es que existe voluntad para ello, o de obsesionarse en pretender conseguir tratos privilegiados dentro de una nación en la que, como suele ocurrir en todos los países, existen regiones más ricas, mejor dotadas por la naturaleza, más industrializadas, con mejores y más abundantes riquezas naturales, con unas mejoradas redes de comunicación o infraestructuras más modernas, junto a otras que merecen una especial atención de los gobernantes, debido a encontrarse en situación de inferioridad respecto al resto, lo que exige que la solidaridad del resto se muestre hacia ellas sin que ello deba suponer ningún tipo de ataque o robo respecto a las que, por su especial situación de progreso y riqueza deban, en virtud de los principios de equidad y solidaridad, contribuir con mayores cantidades a la ayuda de aquellas que lo precisan.

No obstante, si alguien se toma la molestia de escuchar a quienes se han puesto como misión el soliviantar a la ciudadanía catalana, a imbuirle ideas contraria al resto de España y de los españoles, a hacerles creer el bulo de que hay una intención de las regiones de habla castellana de acabar con el idioma catalán, con el vasco, el gallego, el bable o el occitano, algo que nunca ha existido en la mente de cualquier persona con un mínimo de sentido común, enseguida se percatará de la intención rupturista que hay en todo ello. Otra cosa sería que, como sucede en estos momentos en Cataluña gracias a la propaganda propalada por los que buscan la independencia de España, que el idioma español o castellano se considere tabú, se lo ataque con furia y desprecio por medio de esta llamada “inmersión lingüística” en catalán, de tal modo que se considere como apestados a quienes quieran que sus hijos reciban enseñanza en la lengua de Castilla, un derecho que nadie les puede hurtar por estar convenientemente explicitado en nuestra Constitución. La malicia con la que han venido actuando todos estos que han sido procesados y encarcelados, dada la posibilidad de que, como ya ha sucedido con varios de ellos, existe un peligro real e indiscutible de que, si se los deja en libertad, incluso bajo fianza ( la señora Rovira tenía entregada una fianza de 60.000 € que, con toda d puede dar por perdidos; algo que, para una persona de izquierdas debería suponer una cifra muy considerable y difícil de recuperación) se fuguen para refugiarse en alguno de estos países que, a pesar de formar parte de la UE, no parece que estén dispuestos a colaborar con la debida diligencia en la entrega de delincuentes.

La pretensión, desde todo punto de vista absurdo, de hacer pasar a todos estos procesados por presos políticos, no tiene por dónde cogerse. Un preso político sería una persona que, sólo por sus ideas políticas fuera encarcelado, manifestarse públicamente contra las autoridades, expresarse desde un medio de comunicación en contra del gobierno o defendiendo una causa absurda, incluso un cambio de régimen o mostrarse antimonárquico, es algo que en España se puede hacer sin que se le pueda empapelar por tal causa. En el caso que estamos tratando, los imputados están acusados de delitos como desobediencia, malversación de caudales públicos, sedición o incluso rebelión en contra del Estado, con la pretensión de conseguir que, una parte importante de la nación dejase de pertenecer a España, simplemente porque a dos millones de catalanes de una población total de siete millones, les ha dado por pensar que, por tener una exigua mayoría parlamentaria ya tienen el derecho de exigir la independencia; atribuyendo a los dos millones escasos que les han votado, tener más derecho a imponer sus deseos sobre el resto que no los votaron que, numéricamente resultan ser casi un millón más de los votantes catalanes. Delitos recogidos en el Código Penal español y sancionados con penas que en algunos casos pueden suponer más de 20 años de prisión. Delitos comunes que serían aplicados no a unas autoridades, que por su deber de fidelidad a la Constitución y a las leyes del Estado, tiene especial castigo el desobedecerlas, sino a cualquier que incurriera en delitos con aquella tipificación.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, resulta penoso ver cómo se intenta darle, a una revolución llevada a cabo por una serie de politicastros, con la intención de romper la unidad de España

una pátina de democracia, como justificación a conductas inicuas con las que se intenta dar un golpe de Estado contra la integridad de la nación española. Y no contentos con levantarse contra la legalidad constitucional, están pretendiendo enlodar las instituciones mediante el uso de calumnias como la de acusar de corrupta a la Justicia española o calificar a nuestros gobernantes de dictadores o personas que pisotean los derechos de “” ciudadanos catalanes, que sólo piden lo que se les debe. Creemos que ha llegado el momento en el que se tomen las medidas necesarias, siguiendo el ejemplo de nuestro Tribunal Supremo, de acabar, de una vez con todos estos intentos de conseguir lo que la banda ETA no logró, aunque últimamente también tenemos la sensación de que el PNV está siguiendo los pasos de los catalanes, cuando chantajea al Estado poniéndose de parte de los encausados catalanes, ingresados en las prisiones para evitar su fuga. Una situación altamente comprometida que, en bien de España, no puede cerrarse en falso.