Los españoles deberán esperar hasta el 18 de agosto para empezar a trabajar, simbólicamente, para sí mismos. Así lo recoge el informe anual de la Fundación Civismo, que fija esa fecha como el Día de la Liberación Fiscal en 2025. Serán 228 días de trabajo, casi dos meses más desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, dedicados íntegramente a cumplir con las obligaciones fiscales impuestas por las diferentes Administraciones Públicas. Esta "efeméride" económica pretende ilustrar de forma entendible la presión fiscal que soportan los ciudadanos. Según Civismo, más del 54% de las rentas medias de los hogares españoles se destina al pago de impuestos, tasas y cotizaciones a la Seguridad Social, una cifra que sigue en aumento y que, en la práctica, significa que más de la mitad del año se trabaja para el Estado.

Tras meses de amenazas, prórrogas y una negociación marcada por el chantaje, Donald Trump ha conseguido su propósito: imponer a la Unión Europea un acuerdo arancelario claramente favorable a los intereses de Estados Unidos. Europa, y en particular países como España, encajan un golpe duro con la aplicación de un arancel del 15% sobre productos clave, sin que Bruselas haya adoptado una sola medida de represalia. El viejo continente, en un giro que muchos consideran humillante, acepta lo que a todas luces es un "trágala" en toda regla.

La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del año ha sido recibida con entusiasmo por el Gobierno. Sin embargo, las cifras oficiales no reflejan la realidad del mercado laboral español desde que se aprobó la reforma laboral. El principal punto de controversia está en la contabilización de los trabajadores con contratos fijos discontinuos. Tras la reforma, el Ministerio de Trabajo decidió que estas personas, cuando se encuentran en periodos de inactividad, no figuren como paradas pese a estar cobrando prestaciones por desempleo. Este criterio, que no se ajusta a los estándares europeos, ha sido señalado por Eurostat, lo que impide la homologación de los datos con otros países de la Unión Europea.

Desde el año 2000, la industria ha perdido protagonismo en la economía española. Su peso en el PIB ha descendido de manera constante, y con ello también su capacidad para generar empleo: el sector ha destruido cerca del 20% de los puestos de trabajo que ocupaba hace dos décadas. Esta desindustrialización ha continuado a pesar de que todos los gobiernos, sin excepción, han proclamado su intención de cambiar el modelo productivo del país, excesivamente centrado en los servicios y en el sector primario.

El sector eléctrico español atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. Tras los sobresaltos del último trimestre de 2024, el apagón general del pasado 28 de febrero y dos recientes incidentes -el último, el jueves pasado-, queda claro que el sistema eléctrico no solo no es todo lo seguro y eficiente que debería, sino que tampoco se están acometiendo las reformas necesarias para garantizar su fiabilidad. La madrugada del pasado jueves, Red Eléctrica operó durante cuatro horas en estado de emergencia tras la caída simultánea de dos centros de control clave: el eléctrico y el de gestión de la red. El suceso, grave y sin precedentes recientes, ha encendido todas las alarmas. No es un hecho aislado: desde el apagón de febrero -y en realidad, desde antes- se vienen produciendo fallos frecuentes que, en muchos casos, ni siquiera han sido oficialmente reconocidos por el Gobierno.

El acuerdo entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes ha reabierto una profunda brecha política e institucional en España. Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, paga así la primera letra del apoyo prestado por ERC y Junts para que Salvador Illa presida la Generalitat de Cataluña, y la segunda por el silencio cómplice de esos mismos partidos ante los escándalos de corrupción que acechan al PSOE y su entorno más cercano.