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MADRID, 19 (OTR/PRESS)El sector eléctrico español atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. Tras los sobresaltos del último trimestre de 2024, el apagón general del pasado 28 de febrero y dos recientes incidentes -el último, el jueves pasado-, queda claro que el sistema eléctrico no solo no es todo lo seguro y eficiente que debería, sino que tampoco se están acometiendo las reformas necesarias para garantizar su fiabilidad. La madrugada del pasado jueves, Red Eléctrica operó durante cuatro horas en estado de emergencia tras la caída simultánea de dos centros de control clave: el eléctrico y el de gestión de la red. El suceso, grave y sin precedentes recientes, ha encendido todas las alarmas. No es un hecho aislado: desde el apagón de febrero -y en realidad, desde antes- se vienen produciendo fallos frecuentes que, en muchos casos, ni siquiera han sido oficialmente reconocidos por el Gobierno. Mientras tanto, los cambios en el mix energético se han acelerado sin suficiente respaldo estructural. En lugar de avanzar hacia un modelo más limpio y equilibrado, se ha vuelto a quemar gas a marchas forzadas para mantener la estabilidad del sistema. El resultado: facturas más elevadas para hogares y empresas, que ya sufren las consecuencias de una red colapsada y sin previsión realista de mejora. Desde esta misma tribuna ya advertimos hace días del peligro de esta situación. La patronal eléctrica Aelec lleva tiempo denunciando que la retribución propuesta por la CNMC desincentiva la inversión y pone en riesgo la modernización de la red. Además, insiste en la necesidad urgente de ampliar y reforzar las infraestructuras para poder acoger los miles de millones de euros que aguardan para transformar el sector. Centros logísticos, de datos y grandes consumidores industriales están viendo retrasados o directamente bloqueados sus proyectos por falta de capacidad de suministro. El diagnóstico es claro: el sistema eléctrico necesita una reforma profunda y urgente. No solo está en juego la seguridad del suministro; también la llegada de inversiones estratégicas que podrían impulsar la competitividad y la transición energética del país. Seguir postergando soluciones ya no es una opción.
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