El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba la Orden del Dos de Mayo con la finalidad de distinguir por actos o servicios relevantes a los ciudadanos y por su contribución a progreso político, económico, cultural o social.

La promulgación de la Constitución española el 27 de diciembre de 1978 constituye al Estado español en Monarquía parlamentaria, dejando atrás la dictadura.

La Constitución española de 1978 atribuye al rey el «conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes», según indica el artículo 62 f. En consecuencia, la facultad de otorgamiento es ejercida por el rey que se materializa a través de la Real Carta. El consentimiento surte efecto tras la publicación del Real Decreto de concesión en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado 25 de marzo se celebró la asamblea ordinaria de la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reino en donde se afirmó que «tener un título nobiliario hoy debe suponernos aceptar un conjunto de obligaciones públicas con Su Majestad el Rey, con España y con nuestros conciudadanos», afirmó el decano, el duque de Fernández-Miranda.

La visita de estado del presidente de la República de Perú a España ha originado un archivo documental sobre protocolo bastante interesante y anecdótico.

La relación entre el protocolo y el derecho premial tiene su justificación, en primer lugar, en que ambos tienen base jurídica y, en segundo, en que ambos surgen para dar honor y distinción.

El derecho de protocolo abarca los símbolos de identificación, es decir, las banderas, escudos e himnos oficiales están regulados normativamente.

En el año 1944 se crea la condecoración Cruz de San Raimundo de Peñafort para el ámbito de la justicia y como signo de evolución de un país que deja atrás la guerra para dar paso a la construcción de un Estado basado en leyes.