Fedea pide ampliar a tres años el plazo para reducir la jornada, crear bolsas de horas y permitir aumentar las vacaciones

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree que la norma de reducción de la jornada laboral es "imperativa, intervencionista, rígida y sin transitoriedad" por lo que, si finalmente se aprueba, plantea medidas para mitigar sus efectos negativos, entre las que destaca la implantación de un plazo de tres años para su entrada en vigor, permitir crear bolsas de horas y recortar el tiempo de trabajo global mediante mecanismos como conceder más días de vacaciones al año.

Así lo recoge un análisis publicado por Fedea y firmado por dos de sus investigadores, los economistas Jesús Lahera y José Ignacio Conde-Ruiz, quienes piensan que se podría justificar perfectamente una enmienda a la totalidad para devolver el texto al Gobierno y que se subsanen errores, aunque también reconocen que se puede mejorar el proyecto de ley mediante la incorporación de enmiendas en el trámite parlamentario.

Cabe recordar que el texto fue aprobado con el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos pero sin el apoyo de CEOE y Cepyme. En la actualidad, la norma no tiene apoyos para salir adelante en el Congreso, dado que Junts, PP y Vox se posicionan en contra.

En cualquier caso, si se aprueba, para mejorar su contenido, este informe publicado por Fedea sugiere permitir bolsas negociadas de entre 37,5 y 40 horas semanales, lo que ya se hace en otros países como Francia, así como establecer una entrada en vigor de tres años con adaptación de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos.

También pide evitar que las jornadas parciales se adapten automáticamente a la reducción de jornada máxima; permitir que la reducción de horas se haga mediante la otorgación de más días de vacaciones al año; aumentar la posibilidad de la empresa de distribuir la jornada de forma irregular, pasando del 10% al 12,5%, y eliminar el tope de 80 horas extraordinarias que se pueden hacer legalmente al año.

Además, indica que en ningún caso propone aplicar la reducción de jornada solo a empresas grandes, dejando fuera a las pymes; dar ayudas a sectores, pues lo que se ha de hacer es proporcionar más flexibilidad en la negociación colectiva, y generar desigualdades entre territorios, lo que sería de "dudosa" constitucionalidad.

En cambio, este análisis de Fedea sí pide apoyo para las pymes que tengan que mejorar su digitalización en lo que al control de jornada se refiere, dado que la norma obliga a que sea interoperable por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En el plano sancionador, estos economistas sostienen que el proyecto de ley adopta una técnica "especialmente gravosa" al aplicar sanciones por trabajador afectado, lo que multiplica las cuantías de forma "exponencial" y genera un régimen "desproporcionado" en comparación con otros incumplimientos normativos.

Además, resaltan que "se introducen presunciones legales de realización de horas extraordinarias o complementarias por mera alegación del trabajador, lo que invierte la carga de la prueba y debilita el principio de defensa de la empresa ante conflictos".

Como medidas de mejora, proponen permitir que la huella dactilar sirva como medio de identificación, ayudas a pymes para digitalizar su método de fichaje, resolver posibles problemas de protección de datos en lo que hace a la interoperabilidad de la Inspección, y sustituir la sanción por trabajador por una elevación de la cuantía de la multa global.

Finalmente, apremia a incluir el falseamiento de datos por parte del empleado como motivo de despido disciplinario, que no baste la declaración del trabajador de que ha hecho horas extra para que quede probado este hecho, y establecer un año de plazo para la entrada en vigor del nuevo registro.