MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Gobierno ha acordado transferir a la Xunta de Galicia las funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral, tras el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta de Transferencias en su reunión del pasado 9 de abril.
Según informó este martes el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que materializa este traspaso, que incluye la gestión de títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre en el litoral gallego.
Este traspaso representa un avance significativo en la consolidación del nuevo modelo de gestión del dominio público marítimo-terrestre, que se inició en 2006 y 2007 con Cataluña y Andalucía, respectivamente, y se consolidó en 2022 con Canarias y Baleares.
Entre las competencias transferidas destacan las autorizaciones de usos temporales en playas y mar territorial, las concesiones demaniales, la gestión de obras que no sean de interés general y las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar.
PRESERVACIÓN DE COMPETENCIAS ESTATALES
La Administración General del Estado mantendrá la fijación del importe de los cánones por utilización del dominio público marítimo-terrestre, así como la titularidad sobre los derechos económicos derivados de su aprovechamiento.
También conservará la potestad de rescate de las concesiones demaniales cuando exista una razón de interés general vinculada a su ámbito competencial, junto con determinadas potestades sancionadoras relacionadas con la titularidad estatal del dominio.
El acuerdo establece mecanismos de cooperación entre administraciones para gestionar funciones concurrentes, como la construcción de nuevos puertos y el cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-terrestre.
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
Para ejecutar estas nuevas competencias, la Xunta recibirá 11 vehículos y 36 puestos de trabajo, de los cuales 17 corresponden a personal funcionario y 19 a personal laboral, entre plazas ocupadas y vacantes.
La transferencia se supervisará a través de una Comisión de Seguimiento, que velará por la correcta implementación del traspaso y facilitará la coordinación entre ambas administraciones mediante convenios y el intercambio de información.
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