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El Gobierno recurre al Constitucional la negativa de Aragón a acoger menores migrantes | |||
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MADRID, 13 (SERVIMEDIA) El Consejo de Ministros acordó este martes interponer ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencia contra el Gobierno de Aragón por negarse a cumplir la ley y colaborar en la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Según informó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Aragón es la única comunidad autónoma que no ha remitido la información y cifras de menores migrantes atendidos en su sistema de protección autonómico, incumpliendo el plazo establecido hasta el 31 de marzo. El recurso señala el incumplimiento por parte del Ejecutivo aragonés de la remisión de datos sobre la situación de los recursos de su sistema de protección de menores migrantes no acompañados, como establece la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros. Esta información resulta esencial para establecer la capacidad ordinaria de acogida que tiene cada territorio y determinar el número de menores en situación vulnerable que correspondería acoger a cada comunidad autónoma, según lo dispuesto en el Real Decreto Ley 2/2025. NEGATIVA EXPRESA La consejera aragonesa de Bienestar Social y Familia, Carmen María Susín, manifestó públicamente el 19 de marzo que Aragón "no va a colaborar en el reparto de menores", el mismo día de la publicación en el BOE del real decreto-ley. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, respaldó esta postura el 7 de mayo al asegurar que "Aragón cree que lo que están haciendo con los menores por parte del Gobierno de España no cumple con la legalidad, y por eso lo hemos recurrido". El Gobierno central recuerda que la impugnación del real decreto-ley por parte de Aragón no determina automáticamente la suspensión de su vigencia, siendo esta una decisión que corresponde al Tribunal Constitucional. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN El acuerdo del Consejo de Ministros invoca la suspensión de la decisión del Gobierno aragonés al amparo del artículo 161.2 de la Constitución Española y solicita que se notifique personalmente a la titular de Bienestar Social. El Ejecutivo central pide además que se inste a la consejera a cumplir de inmediato con las obligaciones legales que le incumben según el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo. Para el Gobierno de España, se trata de una obligación legal sujeta a plazo cuyo incumplimiento supone un menoscabo competencial, al privar de eficacia a la decisión adoptada por el legislador estatal. MARCO NORMATIVO La medida se enmarca en el real decreto-ley que aprueba medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia ante contingencias migratorias extraordinarias. El objetivo es establecer un sistema coordinado de acogida de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, basado en datos objetivos sobre la capacidad de cada territorio. |
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