MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El fiscalista que asesoraba a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negó este martes ante la jueza ser cooperador en los delitos fiscales que se le imputan al empresario, llegando a desvelar que se conocieron en 2022, cuanto la inspección de Hacienda ya estaba en marcha.
El abogado fiscalista Javier Gómez Fidalgo declaró este martes como imputado ante la jueza que investiga al novio de Ayuso por un fraude fiscal que supera los 350.000 euros y por falsedad documental. El investigado declaró por espacio de dos horas y respondió a las preguntas que le formularon todas las partes.
Gómez Fidalgo explicó que su tarea consistió en asesorar a González Amador durante la inspección fiscal a la que le sometió Hacienda. Puntualizó, sin embargo, que ambos se conocieron ya en 2022, fecha posterior a los ejercicios investigados, por lo que no tuvo nada que ver con las declaraciones fiscales que están bajo sospecha y que acabaron en una denuncia de la Fiscalía, que es la que dio lugar al actual proceso penal.
El Ministerio Público considera, sin embargo, que el fiscalista fue la persona que le asesoró en la elaboración de las autoliquidaciones presuntamente irregulares y por eso solicitó su imputación a la jueza Inmaculada Iglesias.
Según la Fiscalía, González Amador se sirvió de la empresa Masterman & Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering S.L., para eludir el pago de los correspondientes impuestos bajo el asesoramiento de Gómez Fidalgo.
El abogado especializado en impuestos fue el autor de las autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades de la citada mercantil correspondientes a los años 2020 y 2021. Además, Gómez Fidalgo es administrador único de Babia Capital, la sociedad que adquirió el ático que usan el empresario y la presidenta madrileña.
Según declaró González Amador el pasado 10 de abril, paga por el alquiler de esa vivienda 5.000 euros al mes con opción de compra. Esa declaración se produjo en el marco de la investigación de la pieza separada en la que se indaga un presunto delito de corrupción en los negocios en sus relaciones empresariales con la empresa Quirón Prevención S.L.
La instructora imputó al fiscalista al considerar que podría ser cooperador necesario de los delitos que atribuye a Alberto González Amador en la causa principal que sigue contra él.
La declaración del letrado fiscalista estaba fijada para el pasado 6 de mayo, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 19 la pospuso para este martes a petición del investigado, que alegó que no le habían dado traslado del contenido de la causa.
Además, la magistrada confirmó que el PSOE y Más Madrid pueden ejercer la acusación popular en la causa en la que la pareja de Ayuso está siendo investigado por corrupción en los negocios y administración desleal. Iglesias sostiene en un auto que el presunto cobro de comisiones a través el Grupo Quirón afecta al "orden socioeconómico, la competencia leal y el correcto funcionamiento del mercado", o que justifica la presencia de la acción popular. Ambos partidos no podrán acusar a González Amador de los delitos fiscales, pero sí por el delito de falsedad.
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