MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, institución que asesora a la Generalitat de Cataluña, trasladó este martes su petición al Gobierno de que rechace la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell "en defensa del interés general", y vaya "más allá de la mera protección de la competencia" actuando para "impedir su materialización".
En un comunicado, el Consejo informó de este posicionamiento aprobado ayer por la tarde por asentimiento. El organismo integra a muchas organizaciones que "han manifestado públicamente este rechazo e incluso se han personado, en defensa de los intereses generales que se verían perjudicados, en las diversas fases".
El Consejo defendió esta postura "en defensa del interés general, la cohesión social y territorial, la protección del empleo y la pluralidad del sistema financiero, especialmente en Cataluña".
La institución indicó que la Ley de Defensa de la Competencia habilita al Gobierno a intervenir por motivos de interés general distintos de la competencia como la garantía del mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial, la cohesión social y territorial, la prevención de la exclusión financiera y la protección del empleo y la defensa del modelo económico plural y arraigado en el territorio.
A estos, el Consejo añadió otros argumentos como instruir la sede y los centros de decisión en Cataluña "evitando la pérdida de influencia económica e institucional del territorio", promover la retención y atracción de talento financiero en Cataluña y en otros territorios afectados, evitar una mayor posición de dominio del "oligopolio bancario", garantizar la continuidad de servicios financieros de proximidad para la ciudadanía y las empresas locales, prevenir el impacto negativo sobre la inclusión financiera y prevenir el impacto negativo sobre el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores.
El Consejo también argumentó que la fusión de BBVA y Sabadell supondría una mayor concentración bancaria, por encima de la media europea, y Caixabank y BBVA-Sabadell acapararían el 73,7% de las oficinas bancarias. Se hizo eco de estimaciones que calculan la destrucción de entre 7.500 y 10.500 puestos de trabajo directos y una alta incidencia en los puestos de trabajo indirectos, el cierre de entre 600 y 900 oficinas y la reducción del crédito en entre 54.000 millones y 70.000 millones.
Así, resaltó que traslada esta declaración "de manera expresa y urgente" para que sea escuchada "en un momento decisivo para el futuro económico y social de nuestro país y evitar que se pueda dañar la capacidad de desarrollo económico como consecuencia de la desaparición de un operador relevante".
|