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MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
Responsables del Gobierno, el Tercer Sector y la Universidad defendieron este viernes la necesidad de avanzar en la desinstitucionalización de las personas con discapacidad como política de Estado, durante un seminario temático organizado por el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (Cedid), centro público del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Moderado por Joseba Zalakain, director del Servicio de Información e Investigación Social (SIIS), el encuentro consistió en un diálogo entre Berta González Antón, asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); y Mª Carmen Barranco Avilés, directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid.
Durante su intervención, González Antón habló de la Estrategia de desinstitucionalización, que se pondrá en marcha en 2024. Se trata de una iniciativa participativa liderada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que propondrá medidas para mejorar los sistemas de apoyo y cuidado a las personas que viven situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
Reclamó un proceso de cuestionamiento antes de desarrollar políticas públicas y afirmó que se necesitan “espacios de innovación social con propuestas ambiciosas, creativas y disruptivas, que nos permitan desarrollar estos procesos de transformación".
Según el presidente de Cermi, “no pueden darse por válidas soluciones de vida que son impuestas por la vía jurídica y que no aseguran la libertad de cada persona para elegir ese modo de vida”.
Pérez Bueno advirtió que en la actualidad “se están generando nuevas formas de institucionalización, porque no hay todavía conciencia de que eso debe ser replanteado”, y apeló a la responsabilidad de las instituciones y al propio movimiento asociativo, a fin de que “cualquier estrategia nueva no cree recursos que vayan contra este horizonte”.
También señaló la importancia de “actuar para generar en las personas con discapacidad una cultura del empoderamiento, de la afirmación, de los derechos.... Esto tiene que terminar políticamente en una estrategia nacional definida, con presupuesto, indicadores y resultados, que implique a todas las administraciones públicas”. Para finalizar, hizo un llamamiento a la sociedad civil organizada, que “tiene que ser autoexigente y asumir, revertir y reconfigurar aquello que no esté en línea con esta visión de inclusión”.
Barranco Avilés habló de desinstitucionalización y sobre los sistemas de protección de los niños, niñas y adolescentes desde un enfoque basado en derechos, y explicó por qué la institucionalización no es compatible con los derechos humanos.
“Cuando a las personas se les obliga a vivir de este modo, no se hace pensando en proteger sus derechos, ni tampoco se tiene en cuenta su opinión, ni tampoco aprenden que tienen derechos y a defenderlos”, recalcó.
La directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba instó a los Estados a “desarrollar estrategias de desinstitucionalización, para proteger a la población vulnerable”.
Además, recordó que el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad observa el derecho a vivir de forma independiente y a que estas personas sean incluidas en la comunidad.
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