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MADRID, 24 (OTR/PRESS) Hay que estar atentos a los resultados no explícitos de la declaración del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos ante el juez del Tribunal Supremo que investiga la presunta trama de amaños de contratos con empresas organizada para cobrar comisiones. Es un escándalo de corrupción de dimensiones inocultables, pero la mayor corrupción es la Ley de Amnistía. Ley que fue el precio que pagó Pedro Sánchez a los partidos separatistas catalanes cuyos dirigentes habían participado en el intento de golpe del "procés" a cambio de contar con los votos que le permitieron acceder a la presidencia del Gobierno. Esta ley aprobada por el Congreso fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional y esta semana podríamos conocer la sentencia que según todos los indicios la avalaría rechazando el recurso de inconstitucionalidad. Desde que fue aprobada han sido muchas las voces que se han dejado oír señalando que la amnistía no tiene cabida en la Constitución. Voces recordando que el propio Pedro Sánchez compartía esta opinión antes de conocer el resultado de las elecciones del 23J en las que aunque el PSOE las había perdido echó cuentas llegando a la conclusión de que si conseguía los votos de los independentistas podría mantenerse en La Moncloa. El precio a pagar fue una ley que antes de saltar al telar del Congreso el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo declaró que a diferencia de los indultos la amnistía era contraria a la Constitución. Campo es hoy miembro del TC y aquella opinión le ha llevado a apartarse de una votación que bajo la batuta de Cándido Conde Pumpido se espera inminente. Sin apenas deliberación por sorprendente que pueda parecer dada la trascendencia de la cuestión. Aspecto que no deja de ser inquietante si como ha trascendido algunos de los magistrados contrarios a avalar dicha ley opinan que aprobarla supondrá la ruptura del pacto constitucional. Así las cosas no parece exagerado decir que la mayor corrupción es la amnistía. ¿Por qué? Pues porque no se aprobó en beneficio del interés general y fue la contrapartida del apoyo de los separatistas a la investidura de Pedro Sánchez. De la corrupción moral a la corrupción constitucional. Llevará años revertir los daños generados por el sanchismo.
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