Despedimos la primera parte del curso político constatando la debilidad parlamentaria del Gobierno que, por falta de apoyos en el último pleno antes de las vacaciones, tuvo que tragarse dos de sus proyectos estrella: la llamada "ley Bolaños" sobre la reforma de la Justicia y el último intento de la vicepresidenta Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral. La volatilidad de sus socios parlamentarios tumbó también el llamado decreto de reforma del sistema eléctrico. Podemos, Junts, el BNG y la Xunta votaron en contra, al igual que el PP y Vox. También la palabra "corrupción" resonó en la bóveda del Congreso.

Siete veces llevamos contadas del rechazo de la Unión Europea a incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales. El último portazo o, por mejor decir, la última larga cambiada tuvo lugar en la reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrado el pasado viernes en Bruselas. La delegación española lleva dos años intentándolo sin éxito.

"Sin Presupuestos no se puede gobernar y si no se pude gobernar hay que convocar elecciones". Pedro Sánchez lo tenía así de claro cuando estaba en la oposición, pero ha cambiado de idea y pretende mantenerse en el Gobierno a base decirlos prorrogando. Incumple así un mandato de la Constitución, cuyo artículo 134 establece de manera inequívoca que corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y que deberá presentarlos "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".

A reserva del progreso de las investigaciones del juzgado de Tarragona que se ha hecho cargo del caso ha trascendido que Cristóbal Montoro y otras 27 personas están bajo la lupa de la Justicia acusados entre otros presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad documental y corrupción en los negocios. A quien fuera ministro de Hacienda en los gobiernos de Aznar y Rajoy el juez le acusa de aprovecharse del cargo para a cambio de beneficios económicos canalizados a través de un bufete privado llevar a cabo reformas legislativas encaminadas a favorecer a algunas empresas gasísticas.

La negociación bilateral entre el Gobierno de España y el partido político ERC que oficializa la cesión a Cataluña de la recaudación de todos los impuestos y compromete la creación de una Agencia Tributaria específicamente catalana excede del marco que establece la Constitución. Aunque en el relato que envuelve esta transacción política han querido dotarla de un eufemismo -lo llaman "financiación singular"- lo cierto es que se trata de lo que parece: la ruptura del principio de Caja Única del Estado que cuando se trata de la redistribución de los recursos se rige por el principio de igualdad que emana de la solidaridad entre los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan. Los impuestos los pagamos los ciudadanos no los territorios.

Hace siete años en los compases iniciales del nuevo Gabinete surgido de la moción de censura que de manera artera tumbó a Mariano Rajoy uno de los ministros nombrados por Pedro Sánchez se vio forzado a dimitir -por haber tenido un contencioso con Hacienda que cuando trascendió ya había regularizado-. El propio Máximo Huerta que así se llamaba y felizmente sigue llamándose ha contado que cuando fue a despedirse de Pedro Sánchez le llamó mucho la atención que en vez de interesarse por el estado de ánimo del colaborador que había visto truncada su fugaz carrera ministerial Sánchez estaba en otra cosa. Hasta el punto de preguntar al hundido y efímero ministro no por cómo se sentía sino qué lugar creía él que ocuparía Pedro Sánchez en la historia. Así lo ha contado Máximo Huerta legándonos un impagable retrato sicológico del personaje que amparándose en el apoyo de la "coalición Frankenstein" lleva siete años al frente del Gobierno de España.