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MADRID, 11 (OTR/PRESS) Las decisiones equivocadas de un juez, o de un tribunal, pueden arruinar la vida de una persona, razón por la que no sólo es necesaria, sino imprescindible, la crítica razonada a sus actos y a sus resoluciones, crítica a la que también tienen derecho, como parece natural, los perjudicados directamente por ellas. Se trata de una cuestión, ésta de la crítica a los encargados de impartir justicia, de elemental higiene democrática. Sin embargo, diríase que, precisamente por el enorme poder asignado por la sociedad a la máquina judicial, el temor a malquistarse con ella impone indeseables límites, mordazas o trabas al esencial ejercicio de la libertad de expresión en lo tocante a la curia, de suerte que quien señala, según su criterio, los errores, los abusos o los yerros de ésta, se sitúa en la incómoda posición del iconoclasta o del hereje. O dicho de otro modo: quien discute o niega la condición sacerdotal, intocable, de los jueces, se convierte en un sospechoso al borde de la imputación por su osadía. El poder judicial, conviene recordarlo, no puede inmiscuirse en los asuntos del legislativo, que es la máxima y directa representación del poder del pueblo español al que la Constitución reconoce y consagra como soberano. Manifestaciones a las puertas de los juzgados, como las que vimos, de jueces con sus togas expresando su rechazo a una ley, la de la amnistía, a la que deben acatamiento como a todas las demás, no son de recibo en una democracia, y menos cuando las expresiones públicas contra algunas de sus resoluciones son mal aceptadas por la familia judicial. No sé si habrá o no "lawfare" contra el Gobierno, si algunas de las actuaciones que se siguen contra él, contra sus entornos familiares o la Fiscalía no se ajustan exquisitamente a derecho, pero sí sé que pudiera parecerlo. Y también que al poder, no sólo al ejecutivo, es menester, siempre, vigilarlo para evitar que se desmande.
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