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Sumar llevará al Congreso una ley para que la banca esté sujeta a obligaciones de servicio público | |||
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Sumar presentará una proposición de ley en el Congreso para definir a la actividad bancaria como Servicio de Interés Económico General (SIEG), de modo que las entidades financieras estén sujetas a obligaciones específicas de servicio público como conceder una cuenta corriente sin comisiones y de forma completamente gratuita. Coincidiendo con unas jornadas financieras acontecidas este jueves en el Congreso, la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Martínez Barbero, ha anunciado esta iniciativa legislativa acompañada de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La portavoz del grupo parlamentario ha incidido en que la banca es "esencial" en la vida diaria de la ciudadanía y precisamente por su centralidad en la vida de la gente el sector bancario debe asumir una "elevada responsabilidad democrática y social". Por este motivo, considera que el sector bancario tiene que ser considerado de interés general y permitir operaciones básicas a la ciudadanía son coste alguno, así como conceder hipotecas "de tipo fijo, regulado y estable que proteja a las familias frente a la volatilidad de los tipos de interés". En una línea similar se ha pronunciado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha remarcado que la banca "no es un actor neutro" y asume un rol de servicio estratégico de alto impacto en la vida cotidiana de millones de personas, por lo que el sector tiene que estar sometido al interés general. "En una sociedad decente, el acceso al crédito, al ahorro, a una cuenta corriente, no puede depender del código postal, del lugar en el que viva (...) o la posición de clase que se ostente", ha reflexionado Yolanda Díaz durante su intervención, que ha remachado diciendo que los servicios financieros tienen que ser "absolutamente accesibles e inclusivos" para toda la ciudadanía. HAY QUE MANTENER EL IMPUESTO A LA BANCA Por otro lado, Yolanda Díaz ha señalado que mantener el impuesto a la banca, el cual caduca el año que viene, "es clave" y que lo ideal sería que el propio sector estuviese de acuerdo con este tributo ante los beneficios que viene registrando en sus últimos ejercicios económicos. La vicepresidenta ha defendido la necesidad de mantener este impuesto también por la "injusticia fiscal" que se produce en España, pues el 85% de la recaudación del IPRF procede ahora mismo de las rentas del trabajo. "Esto no es justo", ha remarcado. Además, Díaz ha comentado que igual que en la crisis financiera España accedió democráticamente al rescate bancario, que según los cálculos del Tribunal de Cuentas tuvo un coste de 71.833 millones de euros, ahora le toca al sistema bancario asumir de manera democrática su rol estratégico como un bien de interés general y aportando lo que le corresponde en el impuesto al sector. |
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