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C.Valencia denuncia ante Fiscalía a la CHJ por vertidos de residuos y vehículos en el entorno de barranco del Poyo | |||
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La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha anunciado que este miércoles ha presentado dos denuncias contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por "el vertido de residuos y los vehículos amontonados junto al barranco del Poyo, realizado por parte de la CHJ en el término de Riba-roja en el marco de los trabajos de recuperación del cauce tras las riada del pasado 29 de octubre". La Generalitat ha formalizado dos denuncias, una por los residuos y otra por los vehículos, a fin de que se "determine si existe un posible delito medioambiental ante la más que evidente dejadez de funciones y mala praxis en la gestión", ha explicado el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, en una rueda de prensa. La administración autonómica cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de contaminación ambiental o de traslado de residuos tipificados en el Código Penal. Las denuncias se dirigen a la CHJ por "ser la responsable del barranco del cauce y por ser la responsable de las actuaciones y obras que se están realizando en el sitio", ha concretado. El secretario autonómico ha recordado que este martes el pleno del Consell tomó conocimiento de la denuncia de la Conselleria ante el Seprona. Mérida ha concretado que la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental ha tenido conocimiento de tres informes emitidos por el cuerpo de agentes medioambientales. Estos informes apuntan a "una gran cantidad de residuos que han aparecido en la zona tras las inundaciones" y "el abandono de centenares de vehículos todavía a estas alturas afectados por la dana en la zona de la rambla y en el interior del cauce", que se cifran en 301. En primer lugar, el secretario autonómico ha aseverado que "los residuos que la dana ha dejado al descubierto en la zona del cauce están siendo trasladados desde el propio cauce a la parcela contigua, la número 14 del polígono 22 en el término municipal de Riba-roja, sin ningún tipo de tratamiento ni acondicionamiento del terreno, incumpliendo la normativa vigente". Se trata principalmente de plásticos, ruedas, textiles y maderas que "están siendo vertidas y enterradas en la mencionada parcela, con una superficie aproximada de nada más y nada menos que siete hectáreas", ha afirmado. Mérida ha advertido que "el vertido de residuos sin ningún tipo de control podría conllevar un riesgo altísimo de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas". Además, ha agregado que "el enterramiento de residuos es un hecho gravísimo que en esta comunidad lo hemos sufrido en otras ocasiones y que, en todos los casos en los que se ha podido constatar, ha acabado con sentencias penales". "Cuando uno entierra residuos no sabe dónde pueden llegar, puede haber aguas subterránea, incluso crear un problema de salud pública de consecuencias que son indeterminadas. Es gravísimo", ha recriminado. VEHÍCULOS Por otro lado, en la parcela 2 del polígono 22 del término municipal de Riba-roja de Turia, "aproximadamente 1,5-2 kilómetros aguas arriba de donde se está realizando el vertido de residuos", los agentes medioambientales detectaron la presencia de 217 vehículos afectados por las inundaciones acumulados en diversos puntos de acopio. Un informe posterior de los agentes medioambientales ha elevado la cifra a 301. "Ya hace unos meses denunciamos públicamente la presencia de estos vehículos. Han pasado ya dos meses, en total más de siete meses desde el 29 de octubre, y los vehículos siguen exactamente en el mismo lugar donde estaban con el peligro que ya a estas alturas medioambientalmente supone su existencia en un entorno natural, sin que tengamos conocimiento alguno de que hayan sido descontaminados", ha señalado Mérida, antes de añadir que en la zona se ven personas desmontando vehículos "sin medios y sin seguridad alguna". El dirigente autonómico ha insistido en que estos vehículos deben tratarse arreglo a la normativa, como ha hecho la Generalitat con los ayuntamientos para gestionar la retirada de más de 130.000 vehículos. En ese sentido, ha incidido en que la disposición décima del Real Decreto Ley 8/24 señala que la responsabilidad de la retirada de los vehículos situados en los cauces es de la CHJ. Los propietarios de los vehículos afectados podían retirarlos antes del 28 de febrero, a partir de entonces pasaron todos a ser considerados como vehículos abandonados y "deben ser trasladados según el propio Real Decreto Ley del Gobierno a centros gestores, que garantizan su tratamiento adecuado y la baja definitiva de los mismos". En ese sentido, la gestión de la CHJ, según Mérida, "no solo puede afectar a nuestro entorno, sino que deja en un absoluto estado de desamparo e indefensión a más de 300 propietarios de vehículos que aún siguen, siete meses después, sin poder tramitar las ayudas por la pérdida de sus bienes". La Generalitat ha trasladado al Seprona ya los tres informes de sus agentes medioambientales para que "se constaten los hechos observados", "se compruebe la responsabilidad de los trabajos de vertido" y además "se verifique si la empresa titular de la parcela con domicilio en Madrid es conocedora o parte actuante en el vertido de dichos residuos". "Todo ello a los efectos oportunos de determinar el grado de responsabilidad tanto del promotor de la obra como del propietario de la parcela", ha indicado. RIBA-ROJA "DEBERÍA HABER VIGILADO" A preguntas de los medios, respecto a una posible responsabilidad del Ayuntamiento de Riba-roja, Mérida ha señalado que "la Fiscalía tiene que averiguar realmente hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de los implicados". "Evidentemente, está en su término municipal y debería haber vigilado lo que ocurre en su término municipal como nosotros hacemos con nuestro medio", ha apostillado. Asimismo, sobre si la Generalitat se ha comunicado con la CHJ, Mérida ha indicado que, a partir de la observación directa a través de los agentes medioambientales, se ha puesto en manos de la Fiscalía porque esa es la "obligación" de la Conselleria. Además, ha añadido que "si alguien está llevando a cabo una actuación, lleva a cabo una supervisión, lo demás es una dejadez de funciones". |
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