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Familias de alumnos de Baleares rechazan el acuerdo de PP y Vox y les acusan de usar educación como "moneda de cambio" | |||
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Las entidades pertenecientes a la Federación en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera han criticado que el PP haya asumido medidas que, han asegurado, no figuraban en su programa electoral y han considerado que ese tipo de acuerdos traspasa "una línea roja muy peligrosa". Asimismo, las federaciones no han valorado de forma individual las propuestas planteadas por Vox porque, en su opinión, no responden a criterios pedagógicos o sociales, sino que se basan en el "rechazo al catalán". En este sentido, han sostenido que lo que se plantea no es garantizar el derecho a estudiar en castellano, sino evitar que se estudie en catalán. "El derecho más importante que hay que proteger es el del alumnado a aprender las dos lenguas cooficiales para ser competentes en esta comunidad y a recibir todas las herramientas necesarias para integrarse en la sociedad", han señalado. Según han explicado, ninguna de las más de 40.000 familias integradas en las 305 asociaciones federadas se ha dirigido a las entidades para expresar preocupación por la lengua. En cambio, han aseguran haber recibido numerosas consultas sobre otros asuntos que sí preocupan y que no aparecen reflejados en el acuerdo PP-Vox, como el coste anual que deben afrontar, el cierre de centros públicos, la falta de plazas escolares en la red pública, el transporte escolar, la digitalización, la inclusión del alumnado con diversidad funcional o los problemas para la conciliación familiar. "Pensábamos que no lo volveríamos a vivir, pero este acuerdo nos retrotrae a los tiempos oscuros de la legislatura de José Ramón Bauzá", han expresado. De esta forma, han recordado las declaraciones previas de la actual presidenta del Govern, Marga Prohens, en las que aseguraba que no permitiría que se rompiera la convivencia por motivos lingüísticos y que no se posicionaría en la confrontación en este ámbito, así como su compromiso con el Estatuto, la Ley de Normalización Lingüística y el Decreto de Mínimos. Por último, han advertido que "la educación no se limita a lo que se enseña en los centros, sino que también requiere coherencia con los valores presentes en la sociedad". En esta línea, han cuestionado que el acuerdo incluya propuestas que "afectan a los derechos humanos", como el rechazo a la acogida de menores migrantes en situación vulnerable o la derogación de la ley de memoria democrática, al considerar que "olvidar el pasado puede llevar a repetir errores históricos". |
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