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Feneval apoya la decisión de Baleval de presentar un recurso contra la regulación de vehículos en Ibiza | |||
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En un comunicado, Feneval ha considerado que la limitación supondrá un perjuicio directo para las empresas del sector, que sufrirán una limitación máxima de 600 vehículos por empresa. Desde la Federación han señalado que el recurso presentado por la patronal balear incide en que esta normativa vulnera la Ley autonómica de control de afluencia de vehículos dado que debía haber sido publicada en el Boletín Oficial de Baleares con una antelación mínima de tres meses antes de su entrada en vigor. El presidente ejecutivo de Feneval, Juan Luis Barahona, ha afirmado que esta normativa "rompe la equidad del mercado, limita la competencia y genera una clara inseguridad jurídica", asegurando además que "las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad patrimonial por las consecuencias económicas que puede acarrear esta decisión, especialmente tras el concurso de Aena en el que se adjudicaron plazas para las compañías de rent a car bajo unas condiciones que ahora quedan en el aire". Barahona también ha explicado que se está señalando a estas empresas de alquiler como las grandes culpables de la saturación "y se nos está olvidando que la propia industria no genera por sí sola demanda, sino que atiende a los turistas que deciden venir a nuestras fronteras por otros motivos. Se está atacando, por tanto, a la consecuencia y no tanto a la causa", ha insistido. Desde Baleval han reiterado que "no hay un análisis de los escenarios posibles ni un plan de transporte alternativo" y, además, se carece de justificación técnica y proporcionalidad y no se aborda el estudio de alternativas de movilidad, ni sobre el impacto económico y social de esta limitación. La Federación ha manifestado que la decisión del Consell de Ibiza supone "un ataque contra principios fundamentales de la ciudadanía: libertad de circulación, unidad de mercado y la libre competencia". Por ello, apoya la decisión de Baleval de solicitar la suspensión de la aplicación de la norma este verano y que en 2025 se recaben datos que permitan poner en marcha una estrategia eficaz para garantizar la sostenibilidad del transporte. "De lo contrario, esta actuación podría suponer un ataque no sólo a los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino también un grave perjuicio para la economía de Ibiza", ha declarado la patronal, que ha afirmado que, entre los efectos más inmediatos, se experimentará una caída de la calidad del servicio por parte de algunas empresas, así como una subida de precios por la reducción de la oferta de vehículos. Una decisión que, además, perjudicará también la imagen de la Isla como destino turístico. |
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