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Ecologistas ve "temeraria" la autorización de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y avisa de contaminación | |||
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El colectivo ha tachado esta decisión de "irresponsable, temeraria y contraria al interés general de la ciudadanía andaluza"; avisando de que el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, "no se ajusta a la realidad cuando asegura que el proyecto de reapertura no dispondrá de ninguna balsa de residuos". "El proyecto pretende depositar durante los 17 años previstos de operación millones de toneladas de nuevos lodos tóxicos mineros, concretamente el 50 por ciento de los residuos del proceso de tratamiento del mineral, en la antigua Corta de Aznalcóllar, donde actualmente ya están depositadas millones de toneladas de lodos procedentes de la rotura de la balsa de 1998", señalan los ecologistas; explicando que ese método convertirá esa vieja corta de Aznalcóllar "en una balsa de lodos tóxicos mineros, mientras la Consejería opta por calificar esa actuación como relleno a efectos de restauración". Ecologistas en Acción alerta además que con ello, la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis, que explotará la mina mediante su sociedad instrumental Minera Los Frailes, "no tendrá la obligación de elaborar y ejecutar un Plan de Emergencia Exterior ante posibles accidentes, roturas o fugas de lodos contaminados, ni tendrá obligación de implantar ninguna de las medidas de seguridad establecidas en la legislación minera para las instalaciones de residuos mineros de categoría A". "CONTAMINACIÓN IMPUNE" "La experiencia acumulada nos indica que los residuos mineros que van ser depositados en la Corta de Aznalcóllar, reconvertida en balsa de lodos tóxicos mineros, sin duda contaminarán impunemente tanto las aguas subterráneas del acuífero de Gerena (reserva estratégica de agua de consumo humano par Sevilla y área metropolitana para épocas de sequía), como ya lo hizo la cercana mina de Las Cruces cuando inició su actividad en 2008. Y estos residuos mineros contaminarán las aguas superficiales de la cuenca del Corredor Ecológico del Guadiamar, incumpliendo las bases del concurso minero que adjudicó los derechos mineros en febrero de 2015", avisan. El consejero Paradela, de su lado, defendía este mismo viernes que este proyecto, que cuenta con una autorización ambiental unificada (AAU); supone una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar en torno al millar de empleos directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción y unos 2.000 durante la fase de operación; destacando que será "una mina subterránea y no a cielo abierto" y que el aprovechamiento de la vieja corta parte de una "práctica reconocida como mejor técnica disponible por la Unión Europea". Y mientras Paradela asegura que el proyecto "viene a aportar una solución para depurar el agua que se encuentra almacenada en las cortas de la antigua explotación minera y que se realizará aplicando las mejores tecnologías disponibles"; reseñando que "más del 80 por ciento del agua que se utilice para el tratamiento del mineral se va a recircular en el propio proceso"; los ecologistas alertan del "envenenamiento del Bajo Guadalquivir de manera permanente, y probablemente irreversible". EL RÍO GUADALQUIVIR Porque señalan que la actuación planteada supone "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, extremo que niegan a su vez la Administración andaluza y las empresas promotoras del proyecto. Además, los ecologistas señalan que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla sigue celebrando el macro juicio derivado de la denuncia penal de la alianza Emerita-Forbes Manhattan por la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de los derechos de explotación de esta mina a la propuesta de Grupo México y Minorbis. EL JUICIO POR LA ADJUDICACIÓN Tras pujar ambas entidades en el concurso abierto por la Junta la década pasada para los nuevos derechos de explotación de la corta minera de Aznalcóllar y resultar adjudicataria la propuesta de Grupo México y Minorbis; Emerita impugnó dicha resolución tanto por lo Contencioso Administrativo como por la vía Penal. Merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito alguno. Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio, con un total de 16 acusados y cuya finalización está fijada en julio. "Con la autorización otorgada, entendemos que el consejero Paradela asume y se convierte en cómplice de los posibles delitos de corrupción que actualmente se están juzgando", enfatiza Ecologistas en Acción; insistiendo en que esta decisión es "irresponsable y temeraria". |
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