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El Defensor del Pueblo pide mejorar protección de solicitantes de asilo en frontera, tras "grave situación" en Barajas | |||
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"Las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en el puesto fronterizo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras las quejas recibidas y las visitas realizadas, han puesto de relieve un año más la necesidad de mejorar sus instalaciones, así como los procedimientos de protección internacional que allí se sustancian", ha indicado Gabilondo, este martes, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para presentar el Informe anual de la actividad de la institución en 2024. Según ha señalado, "la grave situación detectada" puso de manifiesto "la necesidad urgente de adoptar medidas estructurales que aborden el registro y formalización de las solicitudes, las condiciones de acogida, las garantías procedimentales y el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas solicitantes de protección internacional". Durante su intervención, Gabilondo, que ha acudido a la Cámara Baja junto a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, ha repasado las principales actuaciones de la institución en 2024 y ha precisado que en este año tramitaron 34.629 expedientes, de los que 34.402 fueron quejas, 185 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 42 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la institución atendió personalmente a 35.733 ciudadanos. Según ha precisado, los asuntos relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, Interior, Educación, Economía o Sanidad, protagonizaron el mayor número de quejas; y las comunidades desde las que más escritos se recibieron fueron las de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Valencia (3.231). Entre otras sugerencias recogidas en el informe, Gabilondo ha pedido incrementar el número de profesionales de salud mental para atender a los adolescentes y jóvenes, mantener y mejorar los programas de ayudas al pago del alquiler, solucionar los retrasos para la valoración de la discapacidad, y garantizar una protección específica a las mujeres mayores víctimas de violencia de género. En materia migratoria, ha recordado que la institución ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas y, sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE) ha advertido de que "sigue sin darse cumplimiento a la obligación de creación de un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico. Además, Gabilondo ha constatado que un año más la mayoría de personas que solicitan protección son de nacionalidad venezolana, casi un 40 por ciento, por lo que ha propuesto poner en marcha "un procedimiento alternativo para estas personas" de origen venezolano para "aligerar y racionalizar la carga de trabajo que padece la oficina de asilo y refugio". Sobre las quejas recibidas por reintegro de prestaciones sociales por cobro indebido, Gabilondo, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial más reciente del Tribunal Supremo, considera que ha llegado el momento de revisar la Ley General de la Seguridad Social -artículo 55- para paliar los efectos "injustos" que estos procedimientos de reintegro pueden causar a las familias vulnerables. Entre otros asuntos, también se ha referido a la implantación de las zonas de bajas emisiones, al edadismo, al "desfase" entre el desarrollo tecnológico y los mayores, que quedan "orillados", o a las quejas contra la calidad de los servicios de Cercanías en Madrid y Barcelona. Gabilondo ha hecho mención especial a la "dolorosa situación" de "extrema vulnerabilidad" en la que viven los habitantes de la Cañada Real Galiana, que desde hace más de cuatro años no disponen de suministro eléctrico y ha dicho que están a la espera de las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, al que la institución remitió un informe. También ha recordado que el Informe anual 2024 recoge una actualización del Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos y considera que sus conclusiones y recomendaciones "habrían de ser objeto de deliberación para la adopción de medidas concretas que el Parlamento decida" porque "las víctimas esperan y demandan una respuesta necesaria". |
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