|
MADRID, 26 (OTR/PRESS) Este martes es el gran día en el que el Consejo de Asuntos Generales de Europa debe pronunciarse sobre si admitir o no -y el 'sí' debe darlo por unanimidad- la petición del Gobierno español para que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas 'casi' oficiales -al menos, para algunos trámites y documentos- en la Unión Europea. Es una vieja promesa de Sánchez a Puigdemont, de acuerdo, pero este solo hecho no debe bastar para atacar la iniciativa. ¿Por qué no iban a poder utilizarse en Europa las lenguas que son cooficiales con el español, si ya se emplean, sin mayores escadándalos, en el Congreso y el Senado? ¿Un problema de costes? Se trata de algo más de ciento treinta millones de euros, al menos en una primera fase, que deberán quedar sufragados por España. Las reticencias de algunos de 'los veintisiete' vienen por otro lado: no quieren un 'efecto contagio' en sus países, donde los niveles de autonomía son bastante inferiores a los españoles. Y es que España es el país europeo con mayor pluralidad autonómica en sus territorios. O, lo que es lo mismo, la mayor parte de las naciones europeas carecen del problema de fraccionamiento territorial que tenemos en España, y que tanto ha condicionado la trayectoria política, social y económica del país, para bien y, evidentemente, también para mal. El ministro Albares, al frente de todo la diplomacia española, se ha lanzado a una ardiente defensa en favor del catalán, el euskera y el gallego en Europa, más bien por una cuestión coyuntural que por creer efectivamente que la riqueza lingüística es un capital cultural en toda regla; se trata, en efecto, también en esto, de satisfacer las exigencias de Puigdemont, satisfacción que se ha convertido en prioridad casi absoluta para el Gobierno de Pedro Sánchez y requisito casi necesario para su pervivencia durante toda esta Legislatura, una de las más accidentadas y llena de irregularidades que se recuerdan en democracia. Pero, yendo al fondo del asunto, parece poco fundamentada la crítica por la crítica a la entrada del catalán, el euskera y el gallego en las estructuras de la UE. Parece una exigencia en principio lógica por parte de un Estado, el español, que oficiosamente se define como plurinacional -aunque obviamente no lo sea- y que quisiera caminar hacia una federalización efectiva, superando un Estado de las autonomías con no pocas contradicciones y limitaciones, origen de multitud de contenciosos en cuanto a su financiación. Y sí, claro que todo esto comienza a requerir ir estudiando una reforma constitucional del Título VIII, pero, si pensamos en el país moderno y coherente que queremos, ¿cuántas reformas de esta Constitución que, por cierto, no se cumpla, son ya precisas? Eso es algo de lo que sin duda tampoco se hablará en la Conferencia de Presidentes autonómicos dentro de poco más de una semana.
| 
