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La CNMC investiga a Telefónica por las condiciones de permanencia de su televisión de pago | |||
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Según ha informado este viernes el organismo supervisor, la investigación de la CNMC se centra en analizar una posible infracción derivada del incumplimiento de los compromisos que Telefónica adquirió para poder comprar DTS, así como de una resolución de julio de 2021. Por su parte, fuentes de la compañía de telecomunicaciones consultadas por Europa Press sostienen que "Telefónica ha cumplido rigurosamente con los compromisos adquiridos". La CNMC ha recordado que autorizó la operación, condicionada a que Telefónica cumpliera una serie de compromisos que se prorrogaron por un periodo adicional de tres años en la resolución de 9 de julio de 2020. Telefónica no podía incluir obligaciones de permanencia a sus clientes que estuvieran asociadas, directa o indirectamente, a los servicios de televisión de pago, empaquetados o no con servicios de comunicaciones electrónicas. En julio de 2021, la CNMC determinó que la oferta de Telefónica 'Fusión+Smartphone' --que incluía el alquiler de un smartphone sujeto a condiciones de permanencia durante el periodo de 36 meses que imponía el contrato-- incumplía los compromisos, por lo que le instó a modificar las condiciones y a remitir información a los clientes y a la CNMC. En marzo de 2023, la CNMC multó con 6 millones de euros por la infracción derivada del incumplimiento del compromiso de no incluir obligaciones de permanencia. La Comisión ha añadido que la política comercial de Telefónica de Fusión y miMovistar con televisión de pago y con dispositivo, vigente entre el 30 de agosto de 2021 y el 30 de abril de 2023, fecha de fin de los compromisos, "seguía conteniendo previsiones que entorpecieron la movilidad de los clientes de Telefónica tanto para servicios empaquetados con televisión de pago como para los no empaquetados de televisión de pago". Asimismo, la CNMC ha señalado que el 30 de enero de 2024 declaró el incumplimiento de varios compromisos de la Resolución de 22 de abril de 2015 y de la Resolución de 22 de julio de 2021. Finalmente, ha apuntado que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y se abre ahora un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC. |
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