El Parlamento de Lituania ha respaldado este jueves por amplia mayoría la iniciativa del Gobierno para sacar al país de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, un movimiento coordinado con otros países de la zona que ha suscitado críticas por parte de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Amnistía Internacional. La votación de este jueves ha concluido con 107 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, según la cadena estatal LRT. De esta forma, Lituania avanza en una senda que han emprendido también Letonia, Estonia, Polonia y Finlandia, que alegan necesidades de seguridad para romper con el conocido como Tratado de Ottawa. La ministra de Defensa lituana, Dovile Sakaliene, ha indicado que es "una decisión dura pero necesaria", ya que al igual que Rusia recurre a todo tipo de métodos para "matar a inocentes" en Ucrania, Lituania también tiene que tener distintos medios a su disposición para "disuadir" y, llegado el caso, "defenderse". "Las botas de los soldados rusos nunca volverán a cruzar nuestras fronteras", ha enfatizado en su cuenta de X. El Ministerio de Defensa esgrime que la utilización de las minas antipersona tendrá un efecto disuasorio ante potenciales amenazas y sostiene que Lituania seguirá cumpliendo con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y, en particular, con los protocolos establecidos para situaciones de conflicto. Sin embargo, el CICR ya advirtió en abril de que estas salidas sientan un "peligroso procedente" y suponen "un paso atrás con devastadoras consecuencias humanitarias", por el riesgo que ello supone para la población civil --el 80 por ciento de las víctimas de este tipo de artefactos son civiles--. Estos artefactos "no distinguen entre un soldado y un niño" y "sus efectos persisten mucho después del final de los conflictos", tanto en términos de daños personales como económicos, ya que limpiar un terreno minado puede acarrear "costes astronómicos", denunció la organización. La subdirectora de Amnistía Internacional para investigaciones sobre Europa, Esther Major, considera igualmente que es un paso atrás "que sólo debilitará aún más el consenso global destinado a minimizar los daños sobre civiles durante un conflicto armado", teniendo en cuenta que se trata de un tipo de artefactos "indiscriminados" y con "efectos devastadores" que pueden extenderse durante décadas. Por ello, y ante la "preocupante tendencia" que se extiende por varios países, ha instado al Gobierno de Lituania a revertir la denuncia del Tratado de Ottawa, que en cualquier caso no sería inmediata porque debe transcurrir un año desde la notificación formal de la salida ante Naciones Unidas.
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