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Reparto de migrantes no se modifica tras una reunión Gobierno-CCAA con críticas de Canarias por dar "un paso atrás" | |||
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El real decreto-ley para repartir a los menores migrantes no acompañados convalidado por el Congreso de los Diputados se mantiene sin modificaciones, tras la celebración de la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia celebrada este lunes y de la que el gobierno de Canarias ha salido con la sensación de "dar un paso atrás" ante la previsión de una nueva convocatoria ordinaria. El Gobierno y las comunidades autónomas han debatido durante alrededor de cuatro horas sobre el real decreto para el reparto de migrantes, en una Conferencia Sectorial extraordinaria que ha estado marcada por las críticas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular por los criterios "arbitrarios y forzosos" aprobados por el Ejecutivo. El decreto ley para repartir a los menores migrantes no acompañados puede ser modificado si las comunidades autónomas lo aprueban por unanimidad. Desde el Partido Popular han denunciado que en la Conferencia Sectorial extraordinaria no se ha permitido a las comunidades autónomas votar el real decreto de reparto de migrantes. Al respecto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que el real decreto "no se vota porque ya está ratificado" por el Congreso de los Diputados y ha reprochado a los 'populares' que "no se puede votar lo que no se ha aportado" ya que no han presentado ninguna propuesta de modificación. "Cero propuestas del PP en una Conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones de ningún tipo. Ha sido un debate largo en el que lamentablemente no hemos abordado lo que para nosotros es el asunto central que es la situación de crisis humanitaria en Canarias y Ceuta", ha manifestado Rego. La ministra, que ha incidido en que el real decreto "está vigente y es operativo", ha lamentado que no haya sido posible debatir ninguna propuesta porque no han "contado con ninguna aportación de las comunidades autónomas del PP más allá de la exigencia de la desconvocatoria de la Conferencia Sectorial". Rego ha avanzado que este martes saldrá una solicitud de información formal por un plazo de diez días para que las comunidades autónomas actualicen sus datos de capacidad de acogida. De este modo, el Gobierno da un nuevo plazo de diez días para actualizar los datos oficiales y poder establecer la capacidad ordinaria de acogida de cada uno de los territorios. A pesar de la "actitud reactiva" del PP, ha resaltado la importancia de "mantener la cooperación con las comunidades autónomas", ya que el real decreto "contempla que se pueden cambiar los criterios por unanimidad". La responsable de Juventud e Infancia ha precisado que el resto de comunidades autónomas, las que no son del PP, no tenían que proponer nada "porque en principio están de acuerdo con los criterios del real decreto, que son prácticamente los que operaban ya desde 2022". "Lo procedimental no puede ser un criterio que impida que avancemos porque estamos hablando de algo muy serio", ha avisado. REGO "SE HA SACADO DE LA MANGA" QUE SE PODÍAN HACER PROPUESTAS No obstante, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha afirmado en declaraciones a los medios al término de la reunión que la ministra Rego "se ha sacado de la manga que se podían hacer propuestas". "La ministra ha iniciado esta Conferencia Sectorial con una falsedad, que es que íbamos a debatir unos criterios y que se podían aportar criterios adicionales, cosa que no contempla en ningún caso la ley y, en última instancia, nos ha dicho que iba a seguir con el desarrollo de la ley. Ha dicho lo mismo y lo contrario casi en la misma frase", ha reprochado. La consejera madrileña ha cargado contra el Gobierno por aprobar el real decreto "por la puerta de atrás" sin tener en cuenta "ningún criterio de las comunidades autónomas". Por ello, el PP ha trasladado al Ejecutivo que, "si estos criterios no pueden ser objeto de debate", se adopten los criterios que "ya están vigentes y que fueron adoptados por unanimidad por todas las comunidades autónomas", en referencia a los criterios aprobados en el año 2022 que, a diferencia de los aprobados por el Gobierno, "son unos criterios arbitrarios que desde Waterloo ha realizado Puigdemont para decidir cómo se reparten esos menores". Ante esta situación, el PP, en palabras de la consejera madrileña, va a estudiar con sus servicios jurídicos la adopción de las medidas "que sean oportunas". "Vamos a adoptar la nulidad de esta celebración (la Conferencia Sectorial) porque adoptar un acuerdo sin permitir que antes se manifieste la postura y el voto es nulo de pleno derecho", ha manifestado Dávila, que cree que todas las comunidades gobernadas por el PP "están en proceso de la adopción de las medidas para ir al Constitucional" por el real decreto de reparto de menores migrantes. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha señalado que el Gobierno no ha dejado votar a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y le ha acusado de "imponer" el real decreto ley de reparto de menores migrantes no acompañados. En la misma línea, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno que "desarrolle una verdadera política migratoria" y ha denunciado que "pretende imponer un reparto de menores migrantes no acompañados sin criterios objetivos, sin planificación, sin financiación adecuada y sin negociación con las comunidades autónomas". La consellera de Familias y Asuntos Sociales del Govern Balear, Catalina Cirer, ha tachado de "tomadura de pelo" la reunión para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados por la imposibilidad de que las comunidades autónomas hayan expresado su voto a los criterios de distribución. Igualmente, la Junta de Extremadura ha expresado su desacuerdo con la decisión del Ministerio de Infancia y Juventud de "no permitir" que las comunidades autónomas votaran en la Conferencia Sectorial ante una "previsible derrota". La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad andaluza, Loles López, ha destacado que Andalucía "ha sido y seguirá siendo una tierra solidaria" y ha reafirmado el compromiso de la comunidad con la acogida de menores migrantes no acompañados, pero preservando la atención y protección de los niños, tanto de los que se van a trasladar como la de aquellos que ya forman parte del Sistema de Protección andaluz. CATALUÑA SE REAFIRMA EN "TENDER LA MANO" CON LOS MENORES MIGRANTES Por su parte, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat catalana, Mònica Martínez Bravo, ha reafirmado el compromiso y responsabilidad de Cataluña de "tender la mano" a otras comunidades autónomas y cumplir la ley en cuanto al reparto de menores migrantes. La consellera ha asegurado que Cataluña es un comunidad autónoma solidaria y la que "acoge a más menores migrantes no acompañados después de Canarias". "A pesar de este esfuerzo previo somos conscientes de que Canarias sufre una crisis humanitaria sin precedentes y es nuestra responsabilidad como gobierno tender la mano a otras comunidades autónomas y cumplir la ley", ha añadido. Además, la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha insistido en reclamar un plan estructural de inmigración. El Gobierno de Navarra ha mostrado su apoyo al real decreto y ha valorado que el Gobierno de España "haya buscado una solución a la situación de emergencia humanitaria que se vive en Canarias y Ceuta que ha sido refrendada por la mayoría del Congreso de los Diputados". |
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