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El juez interroga este jueves a David Madí por presuntas adjudicaciones irregulares en una derivada del 'caso 3%' | |||
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Fuentes jurídicas han apuntado a Europa Press que la declaración, que ha sido aplazada hasta en dos ocasiones, se celebrará si lo permite la huelga de funcionarios de Justicia. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha citado a Madí a partir de las 10.00 horas en la sede judicial. El magistrado ya interrogó el pasado mes de abril al propietario de Ambulancias Egara, Oscar Simón, que reconoció que mantuvo contactos con Madí al tiempo que negó cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación de contratos públicos, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. El mismo día, el juez también escuchó como investigado al empresario Juan Alberto Arqués. Además, el instructor tiene previsto escuchar el próximo 13 de junio a partir de las 10.00 horas como investigados a los empresarios Fermí Ferrán y Alejandro García-Gascón. EL ORIGEN DE LA CAUSA La decisión de Pedraz de imputar a todos ellos atendía a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que interesó esas imputaciones apoyándose en el atestado policial que obra en la causa y en las entradas y registros acordados con anterioridad en la sede de la empresa sanitaria. Según pudo confirmar en fuentes Europa Press, el magistrado acordó la entrada y registro el pasado 2 de marzo en la sede de Ambulancias Egara en Terrassa, en las dependencias de una unión temporal de empresas (UTE) en Lleida, y en una consultora de Barcelona, para localizar documentación sobre esas presuntas adjudicaciones irregulares del servicio de transporte de pacientes cuando estaba al frente del Govern CDC. Las pesquisas se centran en hallar indicios relativos a la adjudicación de tres lotes del concurso sanitario de Cataluña en 2015 a una UTE de la que participaba Ambulancias Egara. Se da la circunstancia de que Madí ya fue condenado en octubre de 2022 en el marco del 'caso Triacom' por el Juzgado Penal 23 de Barcelona a 14 meses de prisión y una multa de 219.750 euros tras el juicio contra él y otros siete acusados por una trama de facturas falsas en 2011 en la que participó como cooperador necesario para defraudar a Hacienda. |
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