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El adelanto electoral no permitirá el nombramiento de nuevos embajadores ni aprobar el nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El adelanto de las elecciones impedirá cumplir con el calendario previsto por el Gobierno para completar la reforma del sistema de cooperación y que prevé la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la aprobación de un nuevo Estatuto del Cooperante.
La nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, aprobada el pasado mes de febrero, da al Gobierno un plazo de seis meses para iniciar la tramitación parlamentaria de ambos textos, y el director de la AECID, Antón Leis, había asegurado ante la Comisión de Cooperación del Congreso el pasado abril que la intención era presentarlos a trámite antes del parón estival.
Sin embargo, la disolución de las Cortes hace imposible que esto ocurra pese a que en el caso del Estatuto del Cooperante ya se ha llevado a cabo incluso la consulta pública sobre el mismo, que concluyó a finales de marzo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende Cooperación, también ha realizado una consulta pública de cara a la elaboración del real decreto por que el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) será reemplazado por el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), también previsto por la nueva norma.
NO HABRÁ NUEVOS EMBAJADORES
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tampoco podrá en las circunstancias actuales nombrar nuevos embajadores, según han confirmado fuentes diplomáticas.
Por regla general, en torno a estas fechas es cuando se comienzan a conocer los nombres de los nuevos embajadores en virtud del conocido como 'embabombo'. Cada año, el ministro saca un listado con las embajadas en las que habrá relevo para que los diplomáticos, conforme a su rango, puedan mostrar sus preferencias de destino.
La decisión última es del ministro, en este caso Albares, si bien generalmente suele atender las recomendaciones que al respecto haga la Junta de la Carrera Diplomática, compuesta por diplomáticos de distintos rangos.
Además, hay toda una serie de destinos, como pueden ser las embajadas de Washington o Londres, que suelen quedar a discreción del titular de Exteriores y que no se incluyen en ese 'embabombo'. Este año, al tratarse de un año electoral, ya se había contemplado no hacer relevos en algunas de las embajadas consideradas como más sensibles o relevantes.
SIN REGLAMENTO DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA
Precisamente, y relacionado con esta cuestión, otro de los asuntos que han quedado en el tintero hasta después de las elecciones del 23 de julio es la aprobación del nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática, el cual estaba solo a falta del visto bueno del Consejo de Estado, según las fuentes consultadas.
La redacción de dicho reglamento comenzó con Arancha González Laya como ministra y viene motivada por la decisión del Tribunal Supremo de anular por defecto de forma el aprobado en julio de 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy, al entender que no había sido sometido a negociación colectiva tras el recurso presentado por el Sindicato Independiente del Servicio Exterior del Estado (SISEX).
El objetivo del texto es dar más transparencia y previsibilidad a la designación de puestos en el extranjero, incluidos embajadores, definiendo el papel de la Junta de la Carrera Diplomática. Asimismo, busca dar respuesta a una de las principales reclamaciones de los diplomáticos, la antelación con la que conocen sus nuevos destinos en el extranjero para poder preparar así su traslado al país de destino --mudanza, vivienda, búsqueda de centros educativos para los hijos--.
Desde la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), la mayoritaria entre los miembros de la carrera, se ha recordado esta cuestión con motivo de la celebración la próxima semana en Madrid de la Conferencia Anual de la Asociación Europea de Familias del Servicio Exterior (EUFASA), de la que forma parte la ADE, en el Ministerio de Exteriores.
En un comunicado, han denunciado la "insuficiencia de las ayudas a la escolarización de los hijos de los funcionarios españoles destinados en el exterior", cuya cuantía no se ha actualizado en más de 20 años y "se encuentra muy por debajo de la media del coste de la educación por hijo en España".
"Otro problema acuciante", subraya la ADE, son las trabas con las que se topan los cónyuges o parejas de los funcionarios para poder "desarrollar sus carreras profesionales en el exterior".
Además, inciden, quienes "consiguen un contrato laboral con una empresa española en régimen de teletrabajo, no pueden ser beneficiarios de la póliza sanitaria que el Estado brinda a los funcionarios y sus familiares por el hecho de cotizar a la seguridad social española" pero "paradójicamente, tampoco pueden disfrutar de la prestación sanitaria que les correspondería derivada de su propia cotización, por encontrarse fuera del territorio español" lo que les deja sin cobertura sanitaria.
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